En un contexto de creciente militarización en el país, la pandemia de COVID-19 agravó la tortura en México durante el 2020, donde el incremento de violaciones a derechos humanos cometidas contra personas y colectivos generaron una sensación de impunidad en perjuicio de las víctimas, denunció la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

“La persistencia de la tortura y la impunidad se ha profundizado con la llegada de la pandemia que aumentado la vulnerabilidad de las personas y colectivos en situación de alto riesgo frente actos de tortura y otros malos tratos incluyendo las personas privadas de libertad, los migrantes, indígenas, mujeres, niñez y las personas defensores de derechos humanos.

La emergencia sanitaria social y económica ha sido atendida con un enfoque de seguridad militarizado que ha conllevado un aumento de la arbitrariedad en las acciones de las fuerzas de seguridad”

En su informe “México: Agudización de la tortura en tiempos de pandemia” presentado en Ginebra, Suiza, la OMCT estableció que en los primeros 18 meses del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió 522 nuevas denuncias, en contra de agentes federales, por posibles actos de tortura que, sumadas a las ya existentes en años anteriores, elevaron la cifra de casos abiertos a más de mil 259.

La organización señaló que de estas, solo tres fueron enviados ante un juez y apenas se obtuvo una sentencia condenatoria, mientras que en el marco del fuero local, sólo en 2018 se iniciaron casi 4 mil investigaciones, y en dos casos hubo cargos penales por tortura ante algún juez.

Con ello, suman más de mil 259 casos abiertos, de los cuales apenas tres fueron enviados ante un juez, de los que solo uno concluyó en una sentencia condenatoria.

“Estas cifras se enmarcan en un contexto de profundización de la militarización en el país”, recalca

La OMCT advierte que “la principal institución señalada por su silencio y falta de trabajo conjunto es la Fiscalía General de la República que parece un cuello de botella de muchos de los problemas que se observan actualmente incluyendo la falta de respuesta a solicitud de otras instituciones”.

La organización internacional realizó una misión virtual de seguimiento a las Observaciones Finales del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) durante la cual contactó a sobrevivientes de tortura y a organizaciones de la sociedad civil.

El informe registró frustraciones ante la falta de mecanismos adecuados para asistir y proporcionar reparación a las víctimas, así como para proteger a las personas en riesgo.

“Es la vieja historia: miles de denuncias se acumulan con un número irrisorio de sentencias o de investigaciones rigurosas. Sí, reconocemos que hay esfuerzos positivos por parte de las autoridades, pero son insuficientes frente a la magnitud del problema”, reprochó el secretario general de la OMCT, Gerald Staberock,

SE RECRUDECE REPRESIÓN

En el contexto de la pandemia, la Organización halló incremento de violaciones a derechos humanos cometidas contra personas y colectivos en situación de vulnerabilidad preexistente así como un recrudecimiento de la represión y el actuar abusivo de fuerzas de seguridad en el cumplimiento de restricciones vinculadas a la pandemia, como el uso obligatorio de cubrebocas y la dispersión de manifestaciones y protestas.

Uno de los grupos vulnerables son las personas privadas de la libertad que al Al 11 de julio se registraron 3 mil 456 casos de COVID-19 en las cárceles mexicanas.

Además, el estudio revela que la pandemia forzó a múltiples instituciones a paralizar sus funciones o a limitar el trabajo a las acciones consideradas esenciales, lo que derivó en la suspensión de procesos jurídicos y de apoyo, “retrasando todavía los procesos ya largos e ineficientes de acceso a medidas de protección, justicia y reparación

Pero también se evidenció una falta sistemática de atención de las necesidades básicas de personas migrantes y solicitantes de asilo.

De hecho, la OMCT denunció que el uso de la fuerza es recurrente en las estaciones migratorias, en corredores y contra las caravanas migrantes.

La OMCT consideró que para frenar toda esta a problemática, es primordial la publicación del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, paralizada ante su revisión en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Recomienda además que las Fiscalías Especializadas elabores planes integrales de persecución penal de la tortura que permitan avanzar en la colección de pruebas, investigación y judicialización de los casos pendientes.