En lo que va del gobierno de la 4 T, el presupuesto gubernamental para atender a la niñez y adolescencia, en México ha perdido más de 6 mil millones de pesos de acuerdo al Proyecto de Presupuesto para el 2021, justo ahora que ese sector de la población es más vulnerable a la violencia, crimen organizado deficientes servicios de salud, incluyendo rezagos en la aplicación de los esquemas de vacunación, deserción escolar y riesgo de sumarse a las filas del trabajo infantil.

“Los derechos, el presente y el futuro de los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes en México, están en alto riesgo. La pandemia llegó en un contexto ya adverso para los derechos de la niñez y adolescencia, con una débil estrategia integral para garantizarlos y una inversión pública reducida”, advierte Save The Children

Para esta organización, la disminución constante del Presupuesto, refleja que para el Estado mexicano, la protección integral de la niñez y la adolescencia no es una prioridad en la agenda gubernamental y se evidencia falta de voluntad política para invertir en este sector, uno de los más vulnerables de la población.

Desde el 2018, el presupuesto total para atender a este grupo de la población ha tenido un decremento anual del orden del 3.5%, en promedio, al pasar de 797,722 millones de pesos en el año 2018 a 791,631 millones de pesos en el PPEF 2021. Una reducción de 6 mil 91 mil millones de pesos.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF), disminuye o simplemente desaparece los recursos de programas clave, a pesar de haber sido creados para atender a las poblaciones en mayores condiciones de marginación y exclusión del país.

En el año más complicado, a nivel mundial, para el derecho a la educación, el panorama presupuestario es desalentador. De facto desaparecieron programas esenciales de educación dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

Las niñas y niños que recibían beneficios de programas como Escuelas de Tiempo Completo; Atención a la Diversidad de la Educación Indígena y Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, dejarán de percibirlos.

Además, en un México donde menos del 15% de las niñas y niños entre 0 y 3 años puede recibir educación inicial, no se incrementan los recursos para garantizar y ampliar su acceso.

Asimismo prevalece la insuficiente asignación de recursos para la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como para las Procuradurías Locales de Protección.

Lo anterior, aún cuando los casos de violencia han incrementado, y al menos 63% de las niñas y niños menores de 14 años de edad han sufrido algún tipo de maltrato en su hogar.

Datos de la Red Nacional de Refugios, A.C. indican que las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de la violencia familiar se incrementaron en un 80% durante las primeras semanas del confinamiento.

Save The Children advierte que el trabajo infantil representa una múltiple violación de derechos y sus consecuencias crean una serie de efectos en cadena que reproducen círculos de violencia y brechas de desigualdad.

Asevera que si se considera que en l actualidad hay al menos 3.2 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, en el PPEF 2021 solamente se asignan .40 (1 peso con cuarenta centavos) para la atención de cada niña y niño trabajador, y no se prevé ningún presupuesto adicional para prevenir el incremento de este problema.

Además –agrega--las vulnerabilidades preexistentes de millones de niñas, niños y adolescentes en México, se han exacerbado por la pandemia de Covid-19.

“La totalidad de sus derechos están en riesgo. Invertir en la niñez y adolescencia es una obligación, una necesidad, es económicamente rentable, y políticamente y moralmente forzoso”, estableció.