Opinión


Perjurio

Perjurio | La Crónica de Hoy

Conoces lo que tu vocación pesa en ti. Y si la traicionas, es a ti a quien desfiguras;

pero sabes que tu verdad se hará lentamente,

porque es nacimiento de árbol y no hallazgo de una fórmula.

Antoine de Saint-Exupéry

 

“Quienes votan en favor de la iniciativa, están cometiendo perjurio. Juraron con la mano derecha cumplir y hacer cumplir la Constitución y la están vejando a conciencia…”  Fue esta una de las expresiones con las que Porfirio Muñoz Ledo, aún militante del partido en el poder, iniciaba su presentación en el debate parlamentario en torno a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Aunque superficialmente no lo parezca, el origen de la información falsa puede ser diverso y así, igualmente distintas, deberían ser sus consecuencias. A menudo todos somos susceptibles de cometer equivocaciones e igualmente gozamos de la capacidad de mentir. En el fondo, la diferencia entre una y otra es abismal.

En el cumplimiento del deber, particularmente cuando de la aplicación de criterios o de interpretaciones se trata, es perfectamente normal equivocarse. Pero equivocarse y mentir son dos temas distintos. Errar es tomar desacertadamente algo por cierto y mentir es decir  o  manifestar  lo  contrario  de  lo  que  se  sabe, cree o piensa.

¿Qué razón tendríamos para creer algo, cualquier afirmación de una persona que un instante dice ser la más educada y decente, si en el momento posterior inmediato lanza, públicamente, cualquier clase de improperios contra otro? Una de las obligaciones primarias, elementales, básicas, indispensables e inexorables en el servicio público y, por lo tanto, exigible a toda persona servidora pública, es conducirse con verdad.

La verdad es una virtud o un valor profusamente desdeñada desde el pragmatismo político rampante en nuestro país. Causa extrañeza que este compromiso, reitero, tan elemental, parezca importarnos tan poco. Quizás se deba a que no hemos identificado que una mentira, relacionada con otra y cubierta por una más, genera una secuencia casi infinita de información falsa que termina por trastocar el derecho que como ciudadanos tenemos a la buena administración pública.

Nuestro sistema jurídico sí dispone de fórmulas penales, como la falsedad de declaración ante autoridades, siempre que el declarante hubiere sido previamente protestado para conducirse con verdad y apercibido con la imposición de sanciones por la probable comisión de delitos. En estos casos, usualmente pensaríamos en particulares, en su calidad de testigos o denunciantes; peritos, intérpretes o quienes, proporcionando información falsa, entorpezcan, retrasen o interfieran con la debida procuración, administración e impartición de justicia.

Otro mecanismo para incurrir en responsabilidad es, por ejemplo, cuando el ejecutivo federal o los secretarios de Estado sean citados por las Cámaras para rendir informes sobre los asuntos de su competencia y al hacerlo, dolosamente proporcionen información falsa. Fuera de esos supuestos, verdaderamente excepcionales, la alta burocracia parece estar vacunada contra los efectos de las mentiras proferidas.

Si de mentiras hablamos, también las hay de diversos tamaños y con impactos diversos. Por ejemplo, cuando se protesta guardar la Constitución y unos se lo toman muy literal y la esconden.

Mi lógica es que, si los errores son costosos porque acarrean consecuencias que van desde una amonestación hasta la destitución y/o inhabilitación en el servicio público, con mayoría de razón, el incumplimiento a la protesta constitucional que puede materializarse en una mentira evidente, con notables y trascendentes consecuencias jurídicas y sociales, habría de ser sancionada como una conducta especialmente grave.

En materia penal, lo digo como simple analogía, sólo hay una combinación más baja que el populismo punitivo y es el populismo punitivo selectivo; aquél diseñado cuidadosamente desde el poder para ser imparable contra unos, pero tibio, flexible, compasivo y empático con otros que ameritan firmeza. Votos porque esta fórmula punitiva no tenga eco en otros espacios jurídicos incluso más importantes, como lo es la Norma Fundamental.

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