Segunda parte

Los chiquillos andrajosos, arremolinados en busca de vender mazapanes o pedir una moneda, son distintivo de este suelo donde “médicos y enfermeras no valen nada”… Ni siquiera durante una pandemia como la del COVID. Como tampoco valen maestros, estudiantes, obreros, mujeres, niños…

“Aquí, el precio de cada uno lo pone Antorcha”, dice Eusebio, quien empuja entre gemidos un carrito repleto de desperdicios sobre el Bordo Xochiaca, una avenida vital para la sobrevivencia de las familias de Chimalhuacán, la cual conduce al tiradero Neza-Bordo, uno de los más grandes del país y del mundo.

Caminamos sobre la zona dominada durante muchos años por María Guadalupe Buendía Torres, alías La Loba, exlíder del PRI, de pepenadores e invasores de terrenos, sentenciada a una pena de 492 años de cárcel por homicidio y otros delitos, y quien estaba en el Penal de Santiaguito hasta mayo pasado, cuando se contagió de coronavirus y murió.

Incontables familias de los 98 barrios de este municipio arrumbado aún viven de la pepena…

Tras los años de tiranía de Los Lobos vinieron los de Antorcha Campesina y sus eternas figuras visibles, quienes han intentado coaccionar hasta a los enviados del gobierno federal para la repartición de apoyos y becas.

“Nos han amenazado, porque dicen que aquí la ayuda la dan ellos, y que nadie se puede meter”, cuenta Mónica González, integrante de los llamados Siervos de la Nación.

En medio de basura, inseguridad, mortandad y caos, deambulan furiosos los médicos de la región, porque esta vez los estímulos por atender a enfermos de COVID fueron repartidos entre familiares y lambiscones del delegado sindical José Luis Borja Rojas, “y no entre quienes sí hemos sufrido la muerte de los enfermos, entre quienes sí hemos visto cómo lloran los familiares o padecido durante horas el traje de protección”, comenta la enfermera Leticia Rodríguez, cuyo fastidio se refleja en mirada y tono de voz.

Las denuncias de injusticia y corrupción alcanzan casi a todos los municipios mexiquenses, en específico Tlalnepantla y Texcoco, donde administra Blanca Edith Cortés Jaimes, “quien tiene mucho poder y ha comprado innumerables propiedades durante los últimos años, a costa de la manipulación y abuso del personal, a quienes nos tiene amenazados”, señala uno de los médicos sumados a la resistencia.

Los trabajadores del Hospital General de Chimalhuacán han iniciado una investigación interna sobre el número de aviadores en nómina. Y también han comenzado a documentar la operación de una red dedicada a otorgar licencias, permisos e incapacidades a consentidos, quienes pese a largas ausencias jamás dejan de recibir su salario. Esta realidad se ha acentuado en los días más arduos del COVID: los protegidos huyeron y el grupo de atención quedó reducido a unas cien personas, entre todos los turnos.

“Fui la primera en contagiarme en el turno de la mañana, me fui de incapacidad durante 27 días, porque la enfermedad se complicó. Cuando regresé, tuve que entrar otra vez a COVID, por falta de personal. En el Sindicato me dijeron: tú eres del Insabi, no tenemos obligación de recibirte”, cuenta Sandra Rasa, enfermera obligada a firmar contrato cada seis meses, aunque ahora trabaja de forma irregular, porque los procedimientos de renovación se suspendieron por la crisis sanitaria. Y así, hay cientos…

Carolina Quintas, enfermera de 45 años y 12 en la institución, es otra de las contagiadas: “Me vi muy mal, gasté como 8 mil pesos en medicina y oxígeno, porque en el hospital ni paracetamol me dieron”.

Gabriela Botello también se encuentra en la lista de enfermos e indignados, fastidiados por la lacra sindical: “Nos tratan como si nos hicieran un favor por darnos trabajo”.

En el Hospital, conocido como “90 camas”, el 60 por ciento del personal médico es eventual —debe renovar convenio dos veces al año— o de suplencia, con reglas esclavizantes sin importar nivel de obesidad o enfermedades crónicas.

Durante los meses de la enfermedad se han registrado 72 contagiados, más del 70 por ciento de quienes han sido asignados al área COVID. Las jornadas diarias de trabajo para los sobrevivientes se han prolongado por más de 12 horas.

Frente a ellos, aún vestidos de blanco, agotados y ojerosos, las denuncias fecundan...

—Sabemos que muchos de base consiguieron dictámenes médicos falseados—, dice Sandra Rasa.

“Se inventaron las incapacidades”, refuerza Susana Velasco, otra enfermera de base solidaria con los más desprotegidos.

—¿Y cómo se puede hacer eso?

—A veces se pagan en el ISSSTE, pero el filtro donde llegan todas las solicitudes y se da luz verde es en el sindicato y en la dirección. Ahí hay que apuntar.

“Algunos estuvieron trayendo documentos que no son oficiales, de hospitales y clínicas patito o particulares, y con eso les otorgaron la comisión”, revela Marco Antonio, vocero de los ­inconformes.

Los reproches van más allá de papeles adulterados. Los testimonios señalan trampas en la concesión de plazas y otras tropelías…

“Hay quienes sólo llevan dos o tres años en la institución, y reciben la plaza, aunque no tengan un perfil idóneo. Algunos ni son médicos ni tienen sustento académico, pero son conocidos del sindicato o hacen algún arreglo, mientras otros llevamos 12, 15 años o más y seguimos como informales”, comparte Leticia Rodríguez, ya envalentonada. “Los representantes o dirigentes sindicales se cambian el código de trabajo, para recibir más dinero: se ponen como especialistas cuando no tienen ni cédula profesional”, refiere otro de sus compañeros.

Mientras Oscar, enfermero regularizado, acusa: “Sé de compañeros a quienes les quitaron el contrato para dárselo a familiares o amigos”.

Así se atraca y saquea en los dominios antorchistas y sindicales, donde la pobreza es trofeo. Por eso Francisca Peralta, jefa de enfermería, suplica: “Ya se robaron el dinero de los bonos, ya cometieron muchas fechorías, pero ahora exigimos que no pase lo mismo con las bases o plazas prometidas por el gobierno federal: que sean transparentes, equitativas, y que no meta mano el sindicato ni cualquier otro grupo de poder”…