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Es un acceso VIP, del que las propias víctimas llegan a carecer, pero que una particular, Miriam Morales Sanhueza, logró obtener de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para ver los expedientes en trámite que, teóricamente, sólo deberían usarse para determinar qué víctimas deben recibir un resarcimiento (incluido lo económico) al daño que sufrieron.
La CEAV abre así expedientes delicados, reservados en las fiscalías de las que proceden, a una particular sin que se especifique cuál es el objetivo de este acceso privilegiado a expedientes que contienen datos personales de las víctimas, relatorías de lo que sufrieron en carne propia o en forma indirecta ante la desaparición o muerte de un familiar. Los expedientes contienen legajos judiciales que las fiscalías del país, incluyendo la General de la República, clasifican como reservados por tratarse de esclarecimiento de crímenes especialmente graves.
El documento que abre este acceso está ya firmado y vigente, y fue signado con Morales Sanhueza por el área jurídica que debe asesorar a las víctimas que acuden en busca de la protección federal y eventualmente para ser inscritos en un padrón de ciudadanos a los que debe resarcirse el daño moral y económico que se les ha provocado por la ineficacia del Estado mexicano ante el delito.
El acuerdo se titula “De Confidencialidad” pero explícitamente otorga a la particular el carácter de “usuaria” que “podrá disponer de la consulta de expedientes que se encuentran bajo trámite y resguardo de la Dirección General del Comité Interdisciplinario Evaluador”. En el acuerdo, al que Crónica tuvo acceso, no se contempló el visto bueno del Comité Interdisciplinario, que es la instancia sustantiva de la CEAV que reúne información delicada.
La divulgación de información sobre estas víctimas puede, de hecho, constituirse en una revictimización, toda vez que el objetivo del Comité Interdisciplinario es analizar expedientes judiciales, análisis sociales, sicológicos y sociopolíticos de las víctimas que piden la protección y reparación del daño al Estado mexicano. El Comité tiene, por ley, acceso a información reservada con ese fin, incluso cuando la investigación judicial está en curso.
El acuerdo fue firmado en febrero y, a mitad de la pandemia del COVID, no hay informes sobre lo que Morales Sanhueza, una académica y exservidora pública federal, ha revisado y lo que, en su caso, ha hecho con esa información.
Como se recordará, la Comisionada Mara Gómez renunció a la CEAV después de la orden general en la Administración Pública Federal de recortar 75 por ciento del presupuesto, lo que colocó a este organismo en imposibilidad de sufragar sueldos de personal de apoyo como sicólogos, abogados en los lugares de ocurrencia de los casos, así como de cumplir con pagos de indemnización a víctimas integradas a un padrón oficial.
El acuerdo se habría dado aún con la comisionado Gómez en funciones.
Morales Sanhueza, la “usuaria” con acceso a expedientes en trámite, es una académica y exfuncionaria que ha trabajado temas de migración y culturas populares, entre otros.
Extraoficialmente el interés que generó el acuerdo de acceso a información restringida podría ser una investigación para un libro, pero esto no pudo ser confirmado. Crónica solicitó a la propia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que brindara la información que le pareciera conveniente sobre este tema.
La Comisión se puso en el ojo del huracán cuando víctimas del padrón oficial de víctimas reclamaron ante López Obrador el cercenamiento del presupuesto con el que se les apoyaba; “en este caso hasta contribuyó la directora (Gómez)”, señaló AMLO en ese momento, aunque aseguró que la Comisionada era libre de expresarse. Finalmente, Gómez renunció y la Comisión está ya en la mira del amlismo para ser reformada y que el Presidente pueda remover libremente a su titular… aunque esto último es historia aparte, que contaremos en estas mismas páginas.
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