El régimen de Daniel Ortega invitó este sábado a la OEA a participar en las negociaciones que mantiene con la oposición, y exhortó a la comunidad internacional a suspender toda sanción contra el Estado nicaragüense en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en abril pasado.

Ortega hizo ambos anuncios un día después de que la Conferencia Episcopal de Nicaragua declinará participar como testigo y acompañante en la mesa de negociaciones, que comenzó el 27 de febrero pasado.

También luego de que su contraparte en el diálogo, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, anunciara que reconsiderará su participación en ese foro tras la decisión del Episcopado de no participar en ese proceso y exigieran al Ejecutivo diera "señales de voluntad política" para continuar con las negociaciones.

En un primer comunicado, el Ejecutivo dio a conocer sus cinco puntos de la agenda para ser discutidos en la mesa de negociación, en la que descarta adelantar las elecciones previstas para noviembre de 2021, que es una de las demandas de diversos sectores para superar la crisis.

En su agenda, el Gobierno plantea fortalecer las instituciones electorales en Nicaragua a través de la implementación de las recomendaciones de la misión de acompañamiento electoral de la OEA y propuestas de reformas electorales, que "perfeccionen" procesos electorales, libres, justos y transparentes.

También ofrece justicia y reparación "para seguir consolidando la paz, seguridad y estabilidad en Nicaragua".

Además, la "liberación de los presos en el contexto de hechos delictivos acontecidos a partir de abril de 2018 en contra del Estado de Nicaragua, que aún no han sido juzgados, y los juzgados".

Al respecto, el régimen propone revisar cada uno de los expedientes, con el fin de que ningún caso quede en la impunidad.

Otro de los puntos propuestos es "continuar fortaleciendo" las libertades, derechos y garantías establecidas en la Constitución Política.

Asimismo, realizar gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los acuerdos finales de la negociación, y la implementación y cumplimiento de los acuerdos.

En ese comunicado, el régimen hizo también "un llamado a la comunidad internacional a suspender toda sanción en contra del pueblo nicaragüense, para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población".

Sobre Nicaragua penden más sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica, y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.

Además, el Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.

Mientras en un comunicado conjunto, informó que invitó a Luis Ángel Rosadilla, enviado especial de la Secretaría General de la OEA a Nicaragua, a participar en la mesa de negociaciones, lo cual será analizado el próximo lunes con las partes.

La fuente explicó que el 14 de febrero pasado, el Gobierno de Nicaragua sostuvo "importantes conversaciones" con una delegación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, "a fin de avanzar en la ruta hacia las necesarias reformas electorales en el marco de la Constitución, entre otros temas".

Las negociaciones en Nicaragua han quedado en el limbo tras la decisión de los obispos de no participar en ese proceso, y el anuncio de la Alianza Cívica que reconsiderará si sigue o no en la mesa, que ha tenido más divergencias que convergencias.

Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el régimen solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

havh