Las empresas para contratar un servicio de taxi a través de una aplicación móvil y taxistas que laboran para Cabify y Easy taxi promovieron, en lo que va del mes, al menos 20 amparos para impugnar las reglas impuestas a dicho servicio por el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad.

Las reglas, publicadas el 24 de abril, incluyen la prohibición de recibir dinero en efectivo, el valor mínimo de 250 mil pesos de los autos en los que se puede dar el servicio, la expedición de tarjetones, la inspección anual a los vehículos, y el requisito de licencia de manejo especializada tipo E para los choferes.

Los inconformes, de acuerdo a los registros del Consejo de la Judicatura Federal, incluyen sólo a Cabify y a Easy Taxi, hasta el momento se desconoce si Uber u otras plataformas se han amparado.

Muchos de los nombres han sido tachados en las listas de los juzgados, pero dicha corporación forma parte del colectivo Empresas de Redes de Transporte, que criticó duramente las reformas al Reglamento de la Ley de Movilidad dictadas por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a las que calificó de “unilaterales”.

Incluso la mayoría de los jueces federales que llevan los amparos han negado las suspensiones para pasar temporalmente a las empresas y a los choferes de cumplir los nuevos lineamientos del Reglamento de Tránsito, mientras que el Poder Judicial tramita juicios y resuelve sobre la anticonstitucionalidad de este reglamentos, por lo que podría tardar más de un año.

Hasta donde se sabe, los amparos tienen una gran posibilidad de prosperar, debido a que la Suprema Corte de Justicia ya ha establecido que el servicio que otrogan las empresas de taxi vía aplicaciones móviles no puede recibir el mismo trato regulatorio que los taxistas regulados por el Gobierno capitalino.

“El transporte de pasajeros prestado a través de plataformas tecnológicas reviste características que lo tornan un modelo de negocio diferente al constituido para el transporte de pasajeros a través de taxis, cuyo mecanismo de regulación se rige a través de concesiones, lo que no sucede en la otra modalidad”, afirmó la Corte al resolver la acción de inconstitucionalidad 63/2016.

“Resulta posible entender la existencia de una categoría o modalidad diferente para la prestación del servicio de transporte y, por tanto, al ostentar significativas diferencias, resulta inviable el parámetro de comparación entre la modalidad de plataformas tecnológicas y taxis”, agregó.

La mayoría de Ministros también afirmó en esa ocasión que era inconstitucional pedir un valor mínimo del vehículo.