Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dio una solución a las inconformidades por la reforma constitucional en Baja California: una vía es la desaparición de poderes en el estado, con lo que, de concretarse, el gobernador electo Jaime Bonilla no podría asumir el cargo, quedaría inhabilitado, dijo.

Fue el propio Muñoz Ledo quien hizo este exhorto, porque “ahora debemos unirnos todos juntos” en este tema. Es algo insólito (la aprobación de la reforma para ampliar el plazo de la gubernatura de Bonilla).

El octogenario legislador acudió este sábado al informe de labores de su homólogo en el Senado, Martí Batres Guadarrama.

Ahí expuso las tres vías para revertir el proceso legislativo que beneficia al gobernador electo, y calificó como un hecho gravísimo e insólito que se haya dado la reforma constitucional, el pasado 8 de julio, que amplía el periodo del próximo gobernador en Baja California.

Por ello, propuso que el Congreso de la Unión presente una controversia constitucional para revertir la maniobra de Morena y del PAN, que votaron juntos.

Incluso también dijo que se suma a que se abra una investigación por el presunto pago de un millón de dólares en este caso.

“Es una ruptura con la Federación. Es una ruptura del pacto constitucional, una cosa insólita”, dijo señaló en tono molesto al salir de la antigua sede de la Cámara alta.

“Hay que entrarle juntos (ambas Cámaras del Congreso de la Unión), mediante una controversia constitucional, para reconstruir la Federación en el Estado. Yo sería partidario de una comisión investigadora” de cómo se procesó la reforma.

En ese sentido explicó que hay dos vías más para solucionar esta afrenta a los habitantes de Baja California: “Una es la acción de inconstitucionalidad, que cualquier interesado en ese estado puede intentar, y la desaparición de poderes, que está contemplada en la fracción V del artículo 76 de la Constitución”.

Muñoz Ledo abundó que las controversias constitucionales corresponden al Congreso de la Unión y la desaparición de poderes, al Senado, de acuerdo con lo establecido en la citada fracción y a lo previsto en la ley reglamentaria del 28 de septiembre de 1978.

A pregunta expresa sobre el cambio en la presidencia nacional de Morena, Muñoz Ledo recordó que él ya se pronunció “en favor de Bertha Luján, en público, para ese cargo”.

Sobre el Primer Informe de Actividades Legislativas del senador Martí Batres Guadarrama, Muñoz Ledo le agradeció que haya informado por ambas cámaras del Congreso de la Unión, pues “todas las leyes que se han aprobado lo han hecho las dos cámaras, es nuestra cooperación”.

“Me enorgullezco mucho del ambiente plural y representativo que ha logrado en esta reunión”, expresó Muñoz Ledo.

Sobre este tema, Antonio Ortega Martínez, diputado perredista, adelantó que su partido emprenderá una jornada para interponer miles de amparos ciudadanos en Baja California, y lograr que los órganos de justicia nacionales echen abajo la ampliación del periodo de gobierno a cinco años que “de manera irregular y tramposa e, incluso, avalada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo el Congreso local para favorecer al morenista Jaime Bonilla”.

“Sabemos que el amparo es un recurso que tenemos como ciudadanos ante los excesos de la autoridad en la toma de decisiones y estamos preparándonos con miles para recurrir ante la justicia (federal) en su momento y garantizar que se cumpla con este derecho”, expresó el legislador.

Enfatizó que se trata de establecer un precedente que garantice el orden republicano, lo cual es tarea de todos los ciudadanos y las autoridades. Por eso, señaló, el presidente López Obrador comete un “error” porque, sin duda, todas las decisiones parten de él y él debió haber permitido esa intentona de ampliación del periodo del gobernador electo, Bonilla, dijo.

Para anunciar la citada jornada de lucha, el próximo martes tendrá lugar una conferencia de prensa en el municipio de Tijuana, Baja California, y será presidida por el equipo jurídico del partido, dirigentes nacionales y líderes estatales.

El pasado viernes, el jefe del Ejecutivo aseguró que él no se inmiscuye en procesos electorales, como se hacía en el pasado, y que sean los tribunales en la materia en llevar o abrir una investigación de lo ocurrido en Baja California.

Se instalarán de mesas en las plazas públicas, en los mercados, afuera de las universidades, de las fábricas, en las colonias, todos los sitios donde haya afluencia de ciudadanos para explicarles y solicitar su aval como parte de los derechos que tienen a una vida democrática y en la que prive el Estado de derecho, indicó Ortega Martínez.

Se pedirá el desafuero de los diputados y se meterá la controversia constitucional también para garantizar que este tipo de temas no se repitan, que no haya tentaciones en otras entidades, y evitar que el Estado de Derecho se debilite y se atente contra la ley y la Constitución.