Hace unos días, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su informe Panorama Social, aseguró que la pobreza extrema alcanzó en América Latina su peor registro en nueve años.

El organismo internacional dijo que durante 2017 “las cifras muestran un incremento adicional de las tasas de pobreza extrema, con 52 millones de personas en esta condición, que corresponde a un 10.2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008”, y aunque éstos son datos anuales en los que se evalúa la desigualdad y los ingresos por familia, en el 2018 no se han registrado mejoras en los países de Latinoamérica, entre ellos, México.

La Cepal dijo que estos datos son la consecuencia “del débil desempeño de las economías regionales” y que, a decir de expertos en la materia, los gobernantes deberían haber implementado ya un plan emergente para contrarrestar estas cifras y, sobre todo, asegurar los servicios básicos a la población y por lo menos en México, eso no ha sucedido.

Lo anterior es de suma importancia toda vez que, de acuerdo con el seguimiento histórico del organismo, la proporción de personas y familias en situación de pobreza extrema ha ido creciendo y marcando una tendencia desde el 2015, por lo que el 2019 no será la excepción y si bien este fenómeno no es endémico de nuestro país, si es responsabilidad de las autoridades mexicanas implementar acciones correctivas a corto plazo y acciones preventivas a mediano y largo plazo, medidas que hasta el momento no se han anunciado y lo peor es que el tiempo sigue corriendo.

Incluso los últimos datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coinciden con la Cepal en torno a que en México hay uno de los mayores índices de pobreza, toda vez que el 29% de su población vive con un ingreso de menos de 5 dólares por día, lo que coloca a nuestro país en el quinto sitio con más población en esta condición, sólo por debajo de Guatemala (54.7 por ciento), República Dominicana (41.6), El Salvador (34.7) y Colombia (29.8 por ciento).

A pesar de ello, en México el Poder Legislativo ha priorizado políticas públicas erradas respecto a nuestra realidad que no favorecen a nuestra población, como el dejar fuera del catálogo de delitos graves el abuso sexual a menores, la desaparición forzada, el feminicidio o el robo a casa habitación, por poner algunos ejemplos, incluso el narcomenudeo o la portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, armas con las que a diario se cometen delitos en contra de los que menos tienen, por lo que sumado a los datos que arroja la Cepal, México y su nuevo gobierno tienen un gran reto por delante, mismo que es evidente, los legisladores no lo han entendido.

Por poner un ejemplo, los países en Latinoamérica en donde gozan de una mejor seguridad pública en automático han registrado también un menor porcentaje de pobreza, con un 2.7% de su población como es el caso de Uruguay que según la Asociación Internacional de Ciencias Policiales y el Instituto para la Economía y la Paz, es el país más seguro a nivel América Latina seguido por Chile, Panamá y Argentina, países en los que su pobreza es menor al resto de los países de la región.

Por ello, creo conveniente que la Cartilla Moral que propone el Presidente de México y que es una adaptación de la de Alfonso Reyes de 1944, vaya dirigida también a los legisladores para que pueda influir a la hora de elaborar sus iniciativas, y prioricen las verdaderas necesidades del pueblo pues de acuerdo con la Presidencia ese documento es un “primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir a que en nuestras comunidades, en nuestro país, haya una convivencia armónica y respeto a la pluralidad y a la diversidad” situación que será muy difícil que se cumpla si cualquiera te puede asaltar y en caso de ser aprendido, salga sin ningún problema de la cárcel, pero en fin, estimado lector, usted tiene la última palabra.

Twitter: @julioc_moreno