A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya no considera el transexualismo como un desorden mental, la comunidad transexual, transgénero y travesti continúa enfrentando prejuicios, discriminación y dificultades para acceder a los derechos más básicos. Esta situación, combinada con otras circunstancias como la pobreza o la migración indocumentada colocan a las personas trans en particular vulnerabilidad. De ahí que las distintas instituciones del Estado deban poner especial atención en protegerlas.

Algunas cifras que evidencian el entorno de este grupo son las siguientes. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación de 2017, un tercio de los mexicanos no rentaría una habitación a una persona trans. Otros estudios muestran que el 70% de los entrevistados reportó acoso o discriminación en el trabajo y que el 46% de las mujeres trans presentan dificultades para acceder a servicios médicos. La violencia física puede llegar a tal grado que organizaciones como Transgender Europe y Letra S mantienen un registro de los homicidios transfóbicos en el país. Incluso, el rechazo social e institucional puede ser causante de que el 55% de los hombres trans hayan considerado suicidarse por su identidad de género y que el 33% lo hayan intentado.

¿Cómo puede el Estado contribuir a una mejor integración de las personas trans en la sociedad y garantizarles el acceso a sus derechos? La expedición de documentos congruentes con su identidad es una medida cuya relevancia ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El acceso a una vivienda, trabajo digno o salud empiezan por el derecho a la identidad. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha señalado que los Estados tienen la obligación de adecuar los registros públicos y documentos de identidad para que sean conformes con la identidad de género autopercibida. Sin embargo, en la actualidad solo seis entidades del país permiten solicitar una nueva acta de nacimiento por identidad de género sin tramitar un juicio largo y costoso.

La iniciativa presentada esta semana por los senadores Martha Lucía Mícher, Citlalli Hernández y Germán Martínez, con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, representa un avance importante en beneficio de las y los mexicanos trans en el extranjero. La reforma propuesta a la Ley del Servicio Exterior Mexicano permitirá que los cónsules mexicanos en el exterior puedan levantar nuevas actas de nacimiento con el género elegido por el solicitante mediante un trámite administrativo, expedito, simple y sin la necesidad de obligar a los migrantes a regresar a su entidad federativa de origen. Estos avances legislativos demuestran que es posible una política exterior que coloque en el centro de sus convicciones a los ciudadanos sin dejar a nadie atrás.

* Secretaría de Relaciones Exteriores.