Opinión


Populismo punitivo

Populismo punitivo | La Crónica de Hoy

En el marco del ciclo “Desafíos de la justicia penal en el S. XXI”, hace una semana, en INACIPE, se celebró la conferencia “Populismo punitivo”, término utilizado por primera vez por el criminólogo inglés Anthony Bottoms (1995), quien se refirió a él por el empleo electoralista o “electorero” del Derecho Penal. En nuestro concepto, el también denominado Populismo Penal o punitivismo, denota una concepción de la política criminal, de una sociedad en un momento y lugar determinados, caracterizada por el uso abusivo de los mecanismos penales para responder al fenómeno delictivo.

A nivel federal, actualmente contamos aproximadamente con 600 conductas tipificadas, mientras que, en 1931, cuando se expidió el primer Código Penal Federal, se contemplaban un estimado de 290 conductas, es decir, que en menos de cien años las especies de conductas delictivas se han duplicado.

Desde su Cultura del Control: Crimen y orden social en la sociedad contemporánea (2001), David Garland apuntaba la transición de un sistema penal asistencial a sistemas punitivos que priorizan objetivos como el castigo y la incapacitación del delincuente. Son justamente estos sistemas los que enfatizan la existencia de, por ejemplo, nuevos tipos penales, más agravantes, mayores penas, reducción de edad penal, penas como la de muerte o castración química e, incluso, figuras como la extinción de dominio, facultades amplísimas para órganos de investigación y/o acusación o catálogo ampliado de prisión preventiva oficiosa.

Concebir y utilizar esta clase de medidas como “estrategia” única de control del delito, no puede sino ofrecer pobres o nulos resultados. Primero porque parte de la premisa equivocada de que, a mayor punibilidad o severidad, mayor eficacia en la prevención del delito y, segundo, porque adolecemos de un auténtico diagnóstico del fenómeno causal del delito.  

Según cifras del SESNSP, de 2012 a la fecha, la incidencia delictiva a nivel federal fue:

2012: 194 mil 773 delitos

2013: 150 mil 733 delitos

2014: 153 mil 208 delitos

2015: 151 mil 786 delitos

2016: 134 mil 573 delitos

2017: 156 mil 528 delitos

2018: 185 mil 012 delitos

2019 (sept): 110 mil 850 delitos

Así, a pesar del sostenimiento de una franca política criminal punitivista, el fenómeno delictivo no presenta una disminución ni siquiera su mantenimiento, sino que eventualmente registra incrementos.

De forma consistente con la concepción criminológica del delito como enemigo público número uno de un Estado dispuesto a pagar cualquier precio con tal de alcanzar su abatimiento, apenas el primero de agosto pasado, nuestro Código Penal Local sufrió una reforma, que de manera general tuvo como propósito aumentar penas a diversos tipos como feminicidio, robo, extorsión y despojo.

Debemos reconocer que, hubo muestras de esperanza, al derogar el tipo de ultrajes a la autoridad, modificación acertada por encontrarse esta conducta ya regulada en la Ley de Cultura Cívica, del mismo modo que ocurre con otras tantas contempladas de forma concurrente como faltas administrativas y que, por ello, deberían extraerse de la tutela jurídico penal.

Remontándonos a su significado primigenio, como factor preponderante en la promoción del populismo penal tenemos el arribo a posiciones de poder político, particularmente desde el legislativo, de personas que desconocen el fenómeno criminal, no son especialistas, académicos ni operadores del sistema y, sin embargo, siguen legislando, alentados por intereses políticos, de corto plazo en un perverso incentivo clientelar-electoral que dista por mucho de atender auténticas necesidades sociales. Retomo aquí, la conclusión de mi colega Marcelo Aguilar, el primer paso para controlar esa nociva práctica, es la exigencia ciudadana a través del voto, pues al final, cuando la sociedad demanda más castigo, no lo hace porque específicamente quiera más leyes, más tipos penales o más penas, sino efectividad en un sistema per sé inculpable pero corroído por la corrupción, impunidad e ineficacia.

*Christopher Pastrana es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM

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