La extorsión está en la mira del Congreso de la Unión para aplicarle penas más severas, particularmente para acreditarle la prisión preventiva oficiosa, pero paradójicamente muchos de quienes están realizando esta actividad delictiva están ya presos en los reclusorios del país. Incluso en la CDMX la sanción a este delito pasó de 2 a 10 años desde agosto pasado; pero Crónica comprueba en recorridos que a 6 meses de aquella reforma legal, en reclusorios locales el tráfico de celulares sigue activo.

En entrevista con Crónica, Luis Wertman Zaslav, expresidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y experto en el tema pregunta: “¿Cómo se soluciona el delito de extorsión? Creo que se debe hacer desde un proyecto público, privado y civil. Si no tienes esa pinza de tres, nunca lo vas a poder solucionar. Y ante el crimen tienes que ir un paso adelante, no se puede ir un paso atrás”.

El académico en derecho y colaborador de nuestro diario Christopher Pastrana, por otra parte, comenta un punto que le preocupa en la estrategia de incrementar penas a delitos como el señalado:

“No hay un dato para decir que funciona, pero esto es lo que conocemos como populismo punitivo. No significa otra cosa que más que hacer un uso abusivo del derecho penal, pensando que al crearse nuevos tipos penales o aumentando las penas o poniendo agravantes, vamos a prevenir o a evitar la comisión o la reincidencia en la comisión de delitos. Esto es una falacia, no hay una relación directa entre el endurecimiento de las penas y evitar delitos”, señala el también profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM.

Crónica recorre durante los últimos días los reclusorios Oriente, Santa Martha, Norte (CDMX) y el de Barrientos (Edomex). En ellos la constante es que los celulares son parte de la vida habitual de los reos, siguen usándose y en algunos casos sirven para contactar al exterior en “negocios” que podrían considerarse limpios, no forzosamente delictivos, aunque clandestinos (sin aviso a la autoridad penitenciaria). Es el caso de uno de los reos que conversa con Crónica vía WhatsApp para vender sus pequeñas obras de arte en cera. No hay una sola insinuación de algún trato por fuera de la Ley, sólo quiere vender su arte y ese celular en el reclusorio es su oficina de ventas.

Y por supuesto, también para hacer las llamadas de extorsión.

Crónica indaga sobre la popularización penitenciaria de los minicelulares, aparatos de 8 centímetros de largo, que serían más fáciles de ocultar. Un conocido eligió uno de esos mini para dotar a su familiar preso de un celular. Pero otras familias de internos consultados posteriormente señalan que aparatos sencillos, sólo para llamadas y mensajes de texto, son una alternativa, aunque siempre se podrá rentar un aparato en forma dentro del mismo penal.

En efecto, un exreo explica que hay catálogos que circulan en los reclusorios y que, además, un tamaño extremadamente pequeño no es indispensable. Los aparatos pueden ser introducidos en “huevito”, un envoltorio de unos 20 centímetros de alto que previo pago a los custodios es introducido al penal sin revisión. Claro, cabe un celular, pero también drogas, partes de armas, lo que allí quepa.

Beto estuvo en el reclusorio Oriente por casi tres años, por robar una gasolinera, y comenta que dentro de estos penales no existe la clandestinidad, la compraventa de aparatos es al aire libre. “Había de todo, ni siquiera lo tenías que pedir a tus compas de afuera, ahí el negocio está muy movido, tenían hasta catálogo de que equipos tienen para venderte, desde un teléfono chafa de 200 pesos de plástico hasta un Iphone”.

Los familiares de presos consultados tienen cierta consistencia con las cifras que manejan: se debe pagar una cuota a los vigilantes de aproximadamente 2 mil pesos para pasar algún equipo de telefonía.

La idea de endurecer penas agrada a Wertman Zaslav, pero la solución, apunta, está en eliminar la corrupción, la colusión de las autoridades, la impunidad y el clima de miedo y un elemento que destaca entre los demás: desconfianza.

“El clima de miedo se vive exactamente igual entre quienes fueron víctimas de un delito y quienes no lo han sido. Vivimos en un clima de desconfianza, y esto no es de 2019. Al menos, el problema de la extorsión, desde mi experiencia, se atendió a partir de 2007- 2008, cuando empezamos a tomar acciones. Y la pregunta es: ¿por qué hay teléfonos en las cárceles?”, precisa el activista civil.

El abogado Pastrana complementa esa idea: “La percepción social respecto a la administración y procuración de justicia está por los suelos, es muy mala respecto a las instituciones, léanse MP, policía e incluso jueces; el tema de la impunidad nace desde esta desconfianza porque las persona ni siquiera tienen confianza para denunciar. La comisión de delito ni siquiera se va a investigar, no se va a procesar y, desde luego, no se va a sancionar”.

El endurecimiento de las penas, está de más en este escenario.

Pastrana reflexiona finalmente: “Hay una especie de incapacidad, tanto en estudiosos como en operarios jurídicos, para crear soluciones y establecer medidas diversas más allá de las legislativas. Concretamente el populismo punitivo inicia cuando creemos que el fenómeno delincuencial se va a abatir prácticamente por arte de magia, mediante el establecimiento de nuevos tipos penales y más agravantes”.