Murtaja Qureiris tiene 18 años y lleva en una celda de aislamiento en la cárcel desde que tenía 13 años, arrestado por manifestarse contra la brutalidad del régimen saudita, que horas antes había ejecutado a su hermano mayor.

Ahora, el joven enfrenta la pena de muerte en su grado extremo —por crucifixión o desmembramiento—, luego de haber sido hallado culpable de arrojar un coctel molotov a una comisaría de policía y de pertenecer a una organización terrorista chiita, minoría a la que pertenece y que es duramente perseguida en Arabia Saudí. Todo ello en un juicio donde no tuvo derecho a un abogado y donde no se presentaron pruebas, solamente un papel donde confesó sus crímenes y que la víctima denuncia que firmó bajo tortura.

La única prueba existente es un video de CNN donde se ve al entonces niño liderar una protesta en bicicleta, gritando por un megáfono “la gente exige derechos humanos”, en el marco de la Primavera Árabe de 2011, que en Arabia Saudí la protesta fue liderada por la perseguida minoría chiita.

La fiscalía del régimen sunita —considerado un Estado terrorista por las organizaciones de derechos humanos, como quedó probado con el asesinato del periodista Khamal Khashogui en el consulado saudí en Estambul— justifica la pena más dura por considerar al niño instigador de la manifestación y “sembrar la sedición”.

“Impunidad ante el mundo”. “Hay pocas violaciones más serias al derecho internacional que la ejecución de un niño”, afirmó Maya Foa, directora de Reprieve, uno de estos grupos de derechos humanos. Señala que al solicitar la pena de muerte para Murtaja, “el régimen saudita está haciendo patente su impunidad ante el mundo”.

Trump, impasible. Pese al creciente clamor internacional contra la brutalidad de la monarquía saudí, el presidente de EU, Donald Trump, no sólo guarda silencio, sino que usa su poder ejecutivo para que el Congreso no pueda prohibir la venta de armas a Arabia Saudí destinadas a bombardear poblaciones de la minoría chiita en Yemen.