El precio único al libro no es la medida exclusiva que contempla la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro a favor de incrementar el índice de lectores en el país y generar una justa competencia entre editoriales, también existe en la redacción la creación de un Consejo Nacional de Fomento para el Libro, señaló en entrevista Tomás Granados Salinas a propósito de su reciente libro Sin justificar. Apuntes de un editor.

Actualmente existe en el Senado la iniciativa para modificar dicha Ley, específicamente el artículo 26 que señala que “los vendedores de libros podrán aplicar precios inferiores al precio de venta al público cuando se trate de libros editados o importados con más de dieciocho meses de anterioridad, así como los libros antiguos, los usados, los descatalogados, los agotados y los artesanales”.

El planteamiento ahora es que la vigencia aumente a 36 meses, es decir, la redacción del artículo quedaría así: “El precio único de venta al público tendrá una vigencia de treinta y seis meses contados a partir de la fecha de impresión consignada en el colofón o, en su caso, en el pedimento de importación. Se exceptúa de lo anterior a los libros antiguos, usados, descatalogados, agotados o artesanales, los cuales no estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 22. En tanto un libro impreso en papel esté sujeto al régimen de precio único, su versión electrónica equivalente estará sujeta a las mismas disposiciones”.

El editor Granados Salinas recuerda que el surgimiento de la ley del libro responde a un diagnóstico: existen pocos lectores y una posible razón de ello es el insuficiente acceso a los libros.

“Entonces se busca que haya más gente que lea por iniciativa propia, que tenga capacidad de comprar libros o de ir a bibliotecas. La Ley del Libro surgió (en 2008) como una opción y, entre otras cosas, planteaba el precio único y sería bueno subrayar que no es la única herramienta”.

Los inconvenientes de esta Ley en su estado actual, añade Granados Salinas, es que no cumple con sus ordenamientos como el precio único y que dejó “muy blandamente establecido” las obligaciones del Estado, por ejemplo, su inversión en bibliotecas escolares y de aula.

“Ésa era una de las grandes apuestas para que los libros llegaran a los lectores más jóvenes, a través de la escuela, no sólo para formarse ni como parte de los programas educativos, sino para que los libros formaran parte del entorno natural de los niños. En ello ha habido una reducción muy importante porque, aunque está en la ley, no se le dio sustancia”, precisa.

Granados Salinas señala que en la Ley del Libro se enuncia al Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura.

“Es una entidad importante, un consejo de interlocución entre las partes involucradas para constantemente ofrecer modos de que haya más libros y accesibles, pero nunca se reguló”, evidencia.

En opinión del escritor, lo ideal es que hubiera un esfuerzo legislativo y gremial por volver a darle fuerza a la Ley y pensar en otras herramientas de política pública a favor de la lectura.

“Hay muchas herramientas de política pública para mejorar la relación con los libros, lo que temo es que no hay un organismo en el gobierno que quiera aplicar estas políticas o crear, inventar, dialogar con las partes interesadas. Lo grave ahora es que nos limitemos a la Ley que de por sí es muy limitada porque el Estado ha renunciado a muchas otras actividades que son su deber”, señala.

—¿Qué más se podría implementar?

—Los artistas plásticos pueden pagar parte de sus impuestos con el programa pago en especie y existe un procedimiento para eso, hay una serie de requisitos y con eso se nutren acervos del gobierno. Lo que propongo es que haya algo parecido para las editoriales.

“Que puedan pagar parte de sus impuestos con libros recientes y que éstos se ocupen en las bibliotecas públicas. Así se beneficiaría a la biblioteca y a la editorial”, responde.

EL BENEFICIO SERÁ NO TENER FALSOS DESCUENTOS: LUIS ARZOZ. Con la iniciativa de modificar La Ley del Libro que se encuentra en el Senado, las editoriales podrían vender un libro a 100 pesos y cambiar su precio a 50 o 110 pesos al siguiente día, así lo comenta Juan Luis Arzoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem)

Esa medida será siempre y cuando se aplique para toda la República, añade. “Eso los libreros lo aprecian mucho porque dicen: déjame competir no por precio ni descuento, sino por otro tipo de cosas. Para los lectores el beneficio es no tener falsos descuentos”.

Arzoz también comenta que el programa de bibliotecas de aula y biblioteca escolar con la SEP está detenido.

“Desde el gobierno de Calderón comenzó a bajar. Al principio eran 500 millones de pesos para comprar libros y ahora, si gastas 50 dices ‘qué bien nos fue’. Se ha bajado significativamente”.