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Preocupa a la IP que el gobierno viole derechos de contribuyentes

Con la reforma fiscal se va a afectar la inversión y por consecuencia la economía, señalaron

Preocupa a la IP que el gobierno viole derechos de contribuyentes | La Crónica de Hoy

Durante el análisis en Parlamento Abierto sobre actualización al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), modificaciones a la Ley Federal de Derechos y al Código Fiscal de la Federación, representantes de la iniciativa privada, académicos y expertos en materia fiscal reconocieron el compromiso de acabar con la corrupción, y la asistencia social del gobierno de la Cuarta Transformación, y desde la American Chamber externaron su preocupación de pretender darle facultades al gobierno de violar derechos humanos en perjuicio del contribuyente.
Sin la presencia de los diputados de Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador y que impulsan un nuevo marco jurídico en materia tributaria, fue conducido por la panista Patricia Terrazas Baca, presidenta de la Comisión de Hacienda, y ahí Luis del Valle, representante de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en México, advirtió que con la reforma fiscal “se está limitando al individuo de acreditar su inocencia”.
“Se va a afectar la inversión y por consecuencia la economía. Actualmente la evasión fiscal representa 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Se quieren volver los delitos fiscales (defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada, contrabando y compra y venta de facturas) delitos donde aplique la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Quiero transmitirles que cuando se expidió esa ley se hizo analizando la manera de combatir el narcotráfico, que opera de una manera sui generis, porque no es un negocio establecido. No hace ningún sentido aplicar de esta manera la ley contra los evasores fiscales”, advirtió Del Valle.
Explicó que el narcotráfico opera a través de células que aparecen y desaparecen. Y son una especie de nómadas, por lo que no hace ningún sentido querer aplicar esta ley contra el comerciante establecido.
Ejemplificó que puede ser un comerciante de la Central de Abasto o de una empresa de la mayor envergadura en cualquiera de los sectores de la economía.
Precisó que la Ley Contra la Delincuencia organizada establece cinco figuras para el castigo a quienes están inmiscuidos en actividades relacionadas con el narcotráfico. Una es la intervención telefónica, otra es con los testigos protegidos. Otra, los criterios de oportunidad, otra es que no puede haber acuerdos reparatorios y la última es la prisión preventiva.
Y partiendo de atrás hacia adelante, dijo, el contribuyente puede ir a prisión preventiva, mientras se defiende.
“¿Qué sentido tiene violar el principio de presunción de inocencia? Para después salir con un ‘usted disculpe’, pero mientras ya le arruinaron la vida, la familia y la empresa”.
Por ello, Del Valle puntualizó que la ley fiscal es interpretable y el narcotráfico es lo que es.
“En la ley fiscal existen numerosas resoluciones de los tribunales donde se da la razón al contribuyente después de años o a la autoridad fiscal”.
Por ello, dijo que es muy delicado que se esté presentando una propuesta de reforma en la que se puedan atropellar –en materia fiscal- derechos humanos en contra del contribuyente
El representante de la American Chamber afirmó que en la vida hay dos cosas seguras: “la muerte y pagar impuestos”, por lo que llamó a los diputados a revisar las modificaciones que se busca en materia tributaria y fiscal.
“Estamos totalmente de acuerdo con que el gobierno combata la evasión fiscal y mejore la recaudación fiscal en el país y usar los recursos en lo que proponga el Ejecutivo y apruebe la Cámara de Diputados.
Juan Arana, de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), expresó que sí preocupa cómo se está abordando el tema de las empresas factureras, por lo pidió más tiempo para que se analice cómo debe erradicarse este “flagelo” para la hacienda pública, pues criticó que calificar la defraudación fiscal como delincuencia organizada no deber ser la vía.
“Se corre el riesgo de inhibir la inversión en México”, externó durante el Parlamento Abierto en el que –por segundo día consecutivo- se llevó el análisis del Paquete Económico 2020.
En ese sentido coincidió Miguel Ángel Suárez, de la Asociación Nacional de Contadores Públicos, quien dijo en su gremio están de acuerdo con medidas que eliminen “las prácticas abusivas de los contribuyentes”, pero cómo hacerlo es importante.
Resaltó que debe estar garantizado el derecho de audiencia de los contribuyentes.
En tanto, Tania Ramos, representante de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC) pidió que en la actualización del IEPS a las bebidas saborizadas y tabaco se haga de manera gradual para no afectar las inversiones ni la economía.
La ANPRAC, dijo Ramos, aglutina a más de 120 embotelladoras de bebidas, (90 por ciento del mercado nacional) y da empleo a 1.6 millones de mexicanos.
Tania Ramos indicó que desde 2018 esta industria paga 1.17 pesos por cada litro de bebidas saborizadas, y estos productos tienen una carga fiscal elevada, pues aparte de pagan IEPS más IVA, sumando una carga de 30 por ciento.
Ante este panorama, dijo que desde la ANPRAC proponen utilizar la inflación real y no la estimada en la miscelánea fiscal, porque lo que se plantea para la actualización del IEPS –para diciembre de este año- es con una cuota con la inflación estimada para el 2020.
En su intervención, Gerardo Ancira Martínez, de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores, dijo que este sector desea impulsar su productividad, y para ello requieren certidumbre y no incrementar más la carga fiscal, porque en la actualidad se paga 53 por ciento del IEPS sobre el precio del producto, más 16 por ciento de IVA y en algunas entidades se cobra un impuesto adicional, por lo que propuso atender el mercado ilegal de licor, a fin de lograr obtener cerca de 8 mil 542 millones de pesos.
“Muerte civil a empresas”
Del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ricardo Cervantes, habló de que la cancelación de sellos digitales es la muerte civil para las empresas, y “en las manos incorrectas pueden causar mucho daño a la economía nacional”. Por ello, propuso establecer mecanismos que posibiliten al contribuyente acreditar su situación y aclarar, el mismo día, que no está en el supuesto que provoque el bloqueo del sello, a fin de poder seguir facturando y subsistiendo.
“No es posible que previo a la garantía de audiencia se cercioren del problema y se cancele el sello digital”, dijo al hacer énfasis en que este tema requiere de un mayor análisis para no dañar ni a contribuyentes ni a la economía.
Otro tema de los que se destacaron fue el del papel de asesor fiscal.
Alejandro Calderón Aguilera, de la Academia de Estudios Fiscales, puntualizó que debe revaluarse el papel del asesor fiscal en una relación fisco-contribuyente.
“Si nosotros cambiamos la visión del sistema reportable a una distinta que cumpla con los objetivos para regular eficientemente permitirá fortalecer la confianza de los inversionistas”.  
A este foro realizado en la Cámara de Diputados también acudieron Rodolfo Servín, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos; Jorge Gaxiola, de la Asociación de Bancos de México (ABM) y Pedro Higuera, de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamín), entre otros más.

 

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