Este jueves a la medianoche entraron en vigor en Estados Unidos los títulos III y IV de la ley Helms-Burton, aprobada en la era del expresidente ­Bill Clinton, y que aceptan que se presenten demandas contra empresas que hayan comerciado con bienes expropiados por el régimen castrista tras la revolución cubana de 1959.

Además, prevén vetar la entrada a EU de quienes confiscaran bienes o hayan comerciado con estos.

El canciller estadunidense Mike Pompeo había suspendido la aplicación de estos dos títulos, pero ayer la suspensión quedó levantada, y este mismo jueves se presentaron las primeras dos demandas contra la empresa de cruceros Carnival, que justo ayer hizo tres años que fletó el primer crucero turístico entre Miami y La Habana.

Con lágrimas en los ojos, Mickael Behn, el primer demandante, relató que su abuelo era el dueño de Havana Docks Corporation, en el puerto de La Habana, hasta que se la confiscaron en 1960. Behn dijo, a las puertas de un tribunal federal en Florida, que el régimen cubano “sólo espera que mi familia muera o se vaya desvaneciendo, pero no lo hicimos y no lo haremos”.

En el mismo sentido se expresó el otro demandante, el neurocirujano Javier García Bengoechea, quien señaló que es el “legítimo” propietario del puerto de Santiago de Cuba, que le fue expropiado a su familia, también en 1960. “Carnival fue la primera línea de cruceros que traficó en nuestras propiedades”, aseguró García.

Carnival se limitó a asegurar que mantendrá sus cruceros a Cuba.

Para poder presentar una demanda, la propiedad confiscada debe valer al menos 50 mil dólares.

ESPAÑA, ALARMADA. Aunque los potenciales casos afectan a multitud de países, España es el mayor inversionista extranjero en Cuba, y empresas como Meliá o Iberostar pueden verse gravemente afectadas por la ley.

La responsable de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ya alertó ayer que la UE presentará un recurso contra los títulos III y IV de la ley Helms-Burton ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) y activará el blindaje de sus compañías mediante el Estatuto de Bloqueo de la UE.