La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en coordinación con la sociedad civil y el sector privado, presentó la Iniciativa Juárez, que emprenderá acciones para mejorar las condiciones de los extranjeros en la frontera de México con Estados Unidos.

El Gobierno de México pretende atender a los migrantes con solicitud de asilo, informó el subsecretario del Empleo de la STPS y encargado de la Atención de Migrantes de la Frontera Norte del país, Horacio Duarte.

Durante la presentación de la iniciativa, Duarte detalló que será en las ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California; así como en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se realizarán, por el momento, las principales estrategias, debido a que ahí se concentra el flujo migratorio más numeroso.

Resaltó que el Estado garantizará los derechos humanos de los migrantes durante su estancia en territorio mexicano, por lo que los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y el sector empresarial trabajan de manera coordinada.

El gobierno federal agiliza los permisos para la estancia temporal de los migrantes y darles oportunidad de incorporarse al ámbito laboral y que aporten a la economía.

En un comunicado, la STPS detalló que Iniciativa Juárez ofrecerá albergue a través de sociedades civiles y religiosas, en las que no sólo encontrarán un lugar en donde dormir, sino que contarán con atención a la salud, trámites de documentos y alimentación, entre otros.

En compañía de autoridades federales, representantes del Poder Legislativo y religiosos, Duarte Olivares informó que de enero a julio hubo casi 17 mil migrantes retornados, unos 10 mil de ellos se han marchado del mes de abril al día de hoy.

Agregó que el financiamiento de las acciones de apoyo correrá a cargo del Gobierno de México, pues se ha destinado una partida presupuestal a fin de atender el fenómeno migratorio.

Al acto asistieron el delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa; el representante del gobernador Javier Corral Jurado, Mario Dena Torres; el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, ministros religiosos, autoridades académicas, empresarios de la industria maquiladora, organismos de la sociedad civil y transportistas.