Parece mentira. Las acciones compensatorias que necesitamos emprender para cerrar la brecha de desarrollo entre los indígenas y el resto de la población, al cabo de 109 años de Revolución y más de 200 de Independencia, deben ser del mismo calado de las que Sudáfrica comenzó a realizar hace 25 años, tras el fin del apartheid, para nivelar las oportunidades y el grado de desarrollo entre blancos y negros.

No necesitaba decirlo el presidente López Obrador para que resaltara de modo insultante: El sólo esbozo de estas acciones afirmativas han sacado a flote el clasismo, el racismo y los peores rasgos de discriminación que, con apenas diferencias de grado, laten en prácticamente toda nuestra sociedad.

Debiera ser motivo de vergüenza semejante comportamiento general. Por lo visto y por increíble que parezca, sin embargo, hay en nuestro medio quienes no se hallan muy distantes de los extremos más aberrantes, comparables con los encucuruchados del Ku kux klan, Donald Trump, Matteo Salvini, el alemán Andreas Kalbitz, los impulsores del brexit y muchos más en el orbe.

Se perfilaron con toda nitidez esos sentimientos de rechazo al diferente y síntomas de aporofobia, que es decir el rechazo al pobre, en el trámite legislativo del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.

Y en las reacciones al anuncio presidencial de que se llevará a la Constitución el apoyo gubernamental preferente a los indígenas.

En el proceso legislativo del PEF-2020 los diversos sectores, organismos públicos, entidades federativas, instituciones, gremios y beneficiarios de las arcas públicas trataron de impedir la confección de un presupuesto con acento en lo social; defendieron hasta con las uñas su tajada de pastel.

Hicieron la defensa de sus intereses con todo lo que tuvieron a su alcance. Cabildeo, negociación, presión y aun chantaje o franca extorsión.

Fueron los casos del Frente Auténtico del Campo, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, liderada por Álvaro López Ríos, y Antorcha Campesina, representada por Homero Aguirre.

Acostumbrados a sobrevolar cada año el Legislativo, como buitres insaciables, tan pronto son conocidos los proyectos de gastos, líderes de toda laya, dirigentes políticos y titulares de organismos autónomos se apersonaron en la Cámara baja y los más audaces de plano la bloquearon con feroces huestes.

Se empeñaron en tratar de sacar el Presupuesto de siempre. Uno en el que hubiera dinero para todos menos para los sectores más amplios de población.

Menos para los auténticos campesinos —no los grupos de choque ni los acaudalados agricultores de exportación— o los marginados urbanos. Y, mucho menos, para los indígenas, ausentes, sin representación en el debate.

Y bastó que el Presidente adelantara la intención de reformar la Carta Magna para inscribir acciones afirmativas en favor de los indígenas para que legisladores y dirigentes del PAN intentaran, como acto reflejo, atravesarse en el camino de este plausible objetivo gubernamental.

Con lo cual la crema del blanquiazul no sólo mostró su ideología sino también su oposición por sistema, su arrogancia, y hasta su insensibilidad política. Con el resultado de que quedó sepultada bajo un alud de críticas y mofas.

Abanderados del bien común entendido como instrumento para llevar agua a su molino, consideran populismo, asistencialismo, electorerismo, clientelismo, entre otras muchas despectivas denominaciones el apoyo preferente a los indígenas y pobres. Mayoría nacional que —categorías del Coneval aparte— constituye más de las tres cuartas partes del total de población.

Si bien el Jefe del Ejecutivo expuso el asunto trazando una indebida división entre indígenas y mestizos —“sin saber muy bien de lo que habla”, dijo un intelectual omnisciente—, sólo con gran ojeriza se podía malinterpretar la intención del planteamiento: cerrar las brechas de desarrollo entre grupos sociales.

Se equivoca el mandatario, es cierto, al suponer que los indígenas pobres —la abrumadora mayoría— sufren más que pobres no indígenas. No hay diferencia.

Por consiguiente, tampoco debería haber plazo distinto para la incorporación al beneficio pensionario; en ambos casos debe regir el más favorable, de 65 años.

“Sólo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba en Alemania”, dijo el senador panista Julen Rementeria.

“Lamentable y alarmante que este gobierno tome decisiones en función de la raza y sobre todo que lo externe el propio Presidente de la República; necesita leer sobre derechos humanos. #LopezRacista”, recomendó la ilustrada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López.

Devenidos extraños e inopinados juaristas, los panistas pretenden impedir que la Carta Magna incluya una concepción de la justicia social y el bien común diferente de la suya, convencidos como están de que todos los mexicanos de veras somos iguales.

En modo alguno es descabellado presumir que, según su criterio, sólo porque no quiere el empresario Carlos Slim —por ejemplo— no usa el más absoluto derecho que tiene de dormir debajo de un puente, sobre un camellón o bajo un portal como cualquier indigente.

De visita hace días en Brasil, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue cuestionado por periodistas acerca de por qué 25 años después del fin del apartheid su país aún es uno de los “más desiguales” del mundo. Dio aleccionadoras respuestas.

Dijo que se debe al legado de la historia y el modo como fue construida la economía, “montada para cuidar de una pequeña minoría de 15 o 20 por ciento de los habitantes del país, dejando por fuera a entre 80 y 85 por ciento.

“Necesitamos hacer que la vida de ese 80 por ciento mejore; pero reducir la desigualdad es un objetivo de largo plazo. Si se quiere reducir la desigualdad, es preciso enfocarse en la educación y en una economía que  funcionespara todos”, dijo.

Y señaló además que la educación fue una de las áreas en que más actuó el apartheid: garantizó que los negros no tuviesen una educación decente; y eso generó una desigualdad enorme. Nosotros tuvimos que reformar ese sistema.

Detalló que la Constitución ahora establece que se debe garantizar la igualdad de oportunidades. “Y para eso necesitamos afirmar a aquellos que nunca tuvieron oportunidades.

“Si no hubiésemos incorporado la cláusula de igualdad en nuestra Constitución, nunca habríamos visto el aumento de jóvenes en las universidades y en las escuelas técnicas que tenemos hoy”.

No es posible —dijo Ramaphosa— deshacer los  errores del pasado sin corregir los desequilibrios de ese mismo pasado.

“La desigualdad fue construida para que los sudafricanos blancos tuviesen oportunidades para adquirir bienes y educación y los sudafricanos negros nunca tuvieron bienes ni oportunidades”.

Contra tal iniquidad empezaron a luchar los negros en la tierra de Nelson Mandela, hace ya un cuarto de siglo, y aún no atisban  la salida.

No es muy diferente la situación de los pobres y los indígenas en nuestro país.

Aurelio Ramos Méndez

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