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En la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México, no existe la figura de centro cultural, por lo que los espacios independientes dedicados a la danza, teatro, pintura y demás artes, no son considerados totalmente legales en el uso de suelo, ya que para subsistir, estos espacios como el Foro Shakespeare, Carretera 45 o Petit Comité, necesitan registrar otros giros comerciales: bares o restaurantes.
“El Foro Shakespeare está fragmentado porque la figura de centro cultural no existe, por eso tenemos una parte como restaurante-bar. Espacios como el nuestro se caracterizan porque para subsistir tenemos varios giros dentro de un mismo espacio, por eso el Foro está fragmentado y eso no significa que sea ilegal”, comenta Itari Marta, directora del teatro con 30 años en funcionamiento y quien, junto con otros artistas, presentaron a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México una propuesta para que los centros culturales independientes sean “tomados en cuenta y tengan una reglamentación”.
Itari narra que la semana pasada, derivado de una denuncia, recibieron un requerimiento por parte de la delegación Cuauhtémoc preguntándoles ¿cuál es el uso de suelo del espacio? “Toda nuestra documentación está en regla…pero no hay una regla. Entonces es cuestionable la legalidad de nuestro estatus aunque en realidad no es ilegal. Pero si cuestionas los huecos de la ley, ves esa falta de cajón o norma de cómo clasificarnos”.
La actriz comenta que durante los 15 años que lleva como directora del Foro Shakespeare, la delegación ha creado procedimientos para que el espacio cultural encaje en la reglamentación local.
“Los funcionarios no saben cómo colocarnos. Hoy trabajamos como teatro con actividad de restaurante-bar con pago de impuestos independientes al teatro. Es una situación compleja porque depende mucho de la administración en turno. Por ejemplo, un día llegaron 40 señores con pistola para llevarse los muebles que teníamos afuera porque era algo ilegal, entonces a partir de ahí tuvimos que registrar el restaurante”
Sobre la propuesta entregada al Constituyente, destaca la petición de que los creadores de arte y sus espacios culturales, tengan un marco jurídico que permita el mecenazgo con créditos y estímulos fiscales, “que el gobierno de la ciudad brinde los instrumentos legales para que los grupos de trabajadores de las artes tengan acceso al uso y adquisición de inmuebles e infraestructura adecuada para realizar sus actividades”
Pero, para hacer la propuesta, destaca que se necesitan definir: qué es un espacio independiente cultural y quiénes son los trabajadores de la cultura. “No tenemos un concepto de qué es el trabajador de la cultura, en Venezuela ya hay una ley de seguridad social (que incluye al trabajador cultural), y nosotros aun ni discutimos el tema, entonces ¿quiénes son esos trabajadores, independientemente de los que estamos dentro de las instituciones?”.
También, agrega, se necesita saber quiénes invierten en cultura y qué estímulos fiscales deberían existir. “Las empresas que contraten artistas y que financien eventos culturales, deberían tener estímulos fiscales y los artistas deberían tener la facilidad de tener acceso a créditos y circuitos de exhibición”.
La también académica destacó que actualmente no hay un programa de créditos que responda a las demandas del mercado cultural. “Por el momento, en el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso), hicimos las reglas de operación para que las empresas culturales sean sujetos de crédito, de hecho ya se publicó en la Gaceta, pero cuando el comité técnico se reunió no cambió los requisitos (de documentación a entregar para la obtención de créditos)”
Además, señala que con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) trabajan en la ventanilla única protección a la inversión. “Tenemos un acuerdo con ellos y tratamos de no clausurar (espacios) siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas, es decir, hay formas de regularizarlos. A esa ventanilla los que más acuden son la gente de teatro”
Marcela Jiménez comenta que la Secretaria de Cultura federal iniciaría el próximo año, un censo sobre los empleos que generan las empresas culturales, que van desde taquilleros, volanteros promotores y los propios artistas.
Para Samuel Sosa, de Petit Comité, otra traba de los espacios culturales es el pago del 8% del Impuesto sobre Espectáculos Públicos, que grava la realización de espectáculos y diversiones públicas y el pago se genera sobre el valor del boletaje vendido. Quienes pagan este impuesto son los organizadores de los eventos.
“El 8% del ISEP, es un impuesto más parecido al IVA que al ISR, porque no hace distinción entre la capacidad tributaria de la persona, es un impuesto directo y al consumo… y ¿a dónde se va ese 8%? ¿al sector cultural?”
El actor cuestionó: “cuando queremos hacer un proyecto preguntamos ¿cuánto cuesta tu obra en preproducción, cuánto tu día de montaje?, entonces tasamos cuántas funciones tendrías que dar, qué porcentaje de asistencia deberías tener para que tu inversión esté cubierta. Los resultados siempre son inviables: 92 funciones estilo Teatro Insurgentes, boletos vendidos al 100% y al precio real”
Por eso, añadió, optan por monólogo, textos de un autor muerto hace más de 100 años, música libre de derechos y aun así, resulta insuficiente. “Entonces recurrimos a estímulos federales, pero la no existencia de ese 8% también ayudaría mucho”.
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