Por alguna razón, aún no muy clara, el asunto de Mexicana ha ido quedando en el cajón de los asuntos no resueltos. De una forma u otra, los extrabajadores de la empresa, alrededor de 8 mil 650, tenían la esperanza de que, al iniciar esta administración, no sólo se haría más rápida la solución al litigio pendiente, sino que habría un apoyo explícito del gobierno federal para buscar inversiones que permitieran volver a echar a andar a la aerolínea. La realidad no ha sido tan generosa.

Aún es pronto para saber cuál será el destino final del proceso de quiebra, que aunque está declarado no ha causado estado porque falta desahogar algunos puntos, pero sin duda llegará al final que se esperaba evitar: la quiebra definitiva.

Sin embargo, hay algunos optimistas que piensan que de ahí, ya se podría pensar en inyectar recursos para volver a crear una aerolínea con el nombre de Mexicana, que eventualmente llegara a cubrir las rutas más importantes de la aerolínea. Este horizonte sí, definitivamente, se ve lejos. Veremos porqué.

Es innegable que para re-crear a la aerolínea, para volver a levantarla, no sólo hacen falta recursos económicos, hace falta también eso que llaman voluntad política. Las más recientes declaraciones del Presidente de la República no son muy halagüeñas al respecto. De hecho, dan lugar al pesimismo. López Obrador nunca había sido tan enfático acerca de lo que realmente piensa hacer su gobierno, pues dejó en claro que si bien “no se perjudicará a los trabajadores”, tampoco había una intención de apoyar un eventual regreso de la aerolínea. “El compromiso que hice fue el de no intervenir” (sic).

Para muchos extrabajadores esto fue una cubetada de agua fría. El hecho de que el gobierno federal no tenga injerencia en los procesos judiciales que se le siguen a Azcárraga o incluso, que se pida al Poder Judicial que no perjudique a los trabajadores, es casi lo mismo que nada.

El único litigio vivo en este sentido es la querella presentada por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) a través del despacho de Ulrich Richter, y está fincada en la violación a la Ley del Mercado de Valores, por el perjuicio que le provocó a los accionistas de Posadas el no informar a través de la BMV del Concurso Mercantil en el que entraba Mexicana en agosto del 2010. O sea: de darse un castigo al expresidente de Posadas por esta razón, la eventual restitución a los trabajadores sería sólo moral.

Una restitución moral no es mala, pero no es suficiente, porque lo que los trabajadores necesitan es justicia. Por eso la exigencia es anular las irregularidades, es decir, que la transferencia de acciones de una empresa (Nuevo Grupo Aeronáutico) a otra (Tenedora K) no fue autorizada conforme a la Ley, por lo cual se debe regresar al punto anterior y NGA responder a los señalamientos de probable quiebra fraudulenta y otras muchas denuncias que en más de 20 causas no fueron ni siquiera tomadas en cuenta, pero ya están sobreseídas.

En resumen: sí es urgente que exista un replanteamiento de lo que el gobierno federal actual puede y debe hacer. Y eso fue un compromiso desde 2010.

Lo oí en 123.45: Aún hay mucho por hacer.

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