El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba con el voto

Barack Obama

Estamos a 22 días para que se cumplan 6 años de la reforma constitucional que permitió la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en nuestro país, que un año después sucedió con la expedición de su Ley y de modificaciones a ordenamientos de combate a la corrupción. Aun así, en los años 2019 y 2020, ocupamos las posiciones 130 y 124, respectivamente, en el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional que analizó un total de 180 países.

El Sistema, concebido como ente coordinador para la prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción, afronta este reto mayúsculo con más obstáculos que apoyos. En el mejor de los casos, ha sido preso del desdén u olvido. Cuando no, es destino de serios embates del gobierno. principalmente, dicen, por ser otra herencia maldita de los sexenios en que nada se hizo bien.

A pesar de, el SNA fue y debe seguir siendo una gran apuesta por modificar el status quo. Está bien diseñado, tiene un propósito puro, ya cuenta con andamiaje normativo y en su gestación participaron organizaciones de la sociedad civil, la academia y especialistas en la materia, que hoy día siguen impulsando su consolidación e íntegro funcionamiento.

De acuerdo con su página oficial, el Sistema Nacional Anticorrupción se encuentra operando en un 98.5% y, sin embargo, aún faltan piezas clave. A nivel nacional, los nuevos nombramientos de 4 integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) mientras que, en los sistemas locales de la Ciudad de México no se cuenta con la Secretaría Técnica ni con la adecuación de la Ley Orgánica de la FGJ; en Baja California Norte y Baja California Sur, está pendiente el nombramiento de sus Fiscales Anticorrupción; y en Nuevo León la adecuación a su Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

La ausencia de nombramientos de las y los integrantes del CPC, se debe a que la Comisión de Selección no estaba constituida. Ahora ya lo está. Se trata de 9 personas designadas por el Senado de la República, por un periodo de tres años, con la tarea de elegir a los integrantes del CPC. Como hemos mencionado antes, el sistema funciona como con engranes, si una pieza se detiene, las otras también lo harán.

Ahora que la CS se encuentra completa y sus integrantes han rendido protesta a su cargo, se prevé que en este mes emitan la convocatoria que incluya la bases, requisitos, plazos, etc. conforme a los cuales finalmente habría de integrarse el Comité de Participación Ciudadana.

El corazón del Sistema Nacional Anticorrupción es, sin temor a equivocarme, su rostro ciudadano. Está destinado a ser una instancia de vinculación, con vocación social, apartidista, que dará voz y encarnará a organizaciones civiles, sociales y académicas. Ese Comité de Participación ya estuvo muy bien representado por 5 ciudadanos, sin embargo, desde 2019 paulatinamente se desintegró por la terminación de los encargos o renuncias. al grado se subsistir solamente el académico Jorge Alberto Alatorre Flores, Profesor Investigador de la Universidad de Guadalajara.

Imagine usted tener una escucha, un enlace social sensible que reciba, analice y procese propuestas de la ciudadanía de a pie, esa que conoce desde la entraña y padece, directa o indirectamente, las secuelas de la corrupción. Un Comité Ciudadano que diseñará mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y delitos relacionados con hechos de corrupción. Un órgano que abrace el conocimiento y lo promueva en coordinación con instituciones mediante la elaboración de investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de la corrupción. Par a ello está llamado el Comité de Participación Ciudadana. Como en todas las instituciones, su éxito descansa en quienes le dan cuerpo, mente y corazón.