Esta semana empezó en Madrid el juicio a los 12 presos políticos independentistas. El Tribunal Supremo español juzga a diez cargos políticos de primer orden y a dos líderes activistas por los hechos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017, cuando se celebró el referéndum  unilateral de independencia, el 1 de octubre, y posteriormente el ‘Parlament’ proclamó una secesión unilateral de España que jamás se concretó.

Entre los acusados hay una gran ausencia, la del entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, que se marchó de España para dejar que fuera la justicia de otro país europeo quién decidiera su futuro. El juez de instrucción, Pablo Llarena, pidió su extradición a Bélgica primero y a Alemania después, pero ninguno de los dos países vio indicios de los delitos de rebelión que reclamaba la justicia española. Alemania sólo autorizó la extradición por posible malversación de fondos en la convocatoria del referéndum, pero Llarena prefirió ahorrarse la imagen de un juicio en que se juzgara a los acusados por distintos delitos y retiró la orden de extradición.

Este hecho puso de relieve que las acusaciones de rebelión contra los líderes independentistas son absolutamente infundadas, puesto que el código penal español estipula que la rebelión implica el uso de violencia. Violencia que sólo existió, durante el referéndum, del lado del Estado español, que lanzó a centenares de policías y Guardias Civiles (la Guardia Nacional española) a golpear a los votantes, en una imagen que dio la vuelta al mundo y que la CNN tituló como “La vergüenza de Europa”.

Oriol Junqueras, a la sazón vicepresidente catalán y consejero de Economía es la figura encausada más relevante. En su primera aparición defendió lo que estuvo a la vista de todos, que jamás hubo violencia del lado independentista, y que por tanto se considera un preso político. Junqueras se negó a contestar las preguntas de la acusación y sólo aceptó la interrogación de su defensa, y terminó haciendo un alegato principalmente de ideas.

Esta decisión se enmarca en la idea, imperante en independentismo, de que el hecho de que la justicia española diera por buena la versión de la fiscalía de que hubo violencia que nunca existió realmente, implica que el juicio es puramente político y por tanto las sentencias —que podrían implicar hasta 75 años de cárcel según la acusación particular que ejerce el partido de extrema derecha Vox— ya están escritas de antemano.

Sin embargo, al alegato político de Junqueras siguió el testimonio de Joaquim Forn, entonces consejero de Interior y por tanto, responsable de la dirección de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana. Esto convierte a Forn en una figura central en el juicio, puesto que el papel de los Mossos, que acataron el mandato del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de evitar que se celebrara el referéndum, pero solamente cuando pudo hacerlo sin usar la violencia, es de esencial importancia para la fiscalía, que trata de demostrar que hubo connivencia entre la clase política y la policía catalana.

Forn sí aceptó preguntas de la acusación (no de Vox), y su intercambio con el fiscal, Fidel Cadena, puso de relieve que la fiscalía no tiene cómo sostener su teoría de que ­hubo violencia. Más allá de que Cadena confundiera nombres y fechas, y olvidara haber usado una palabra diez segundos después de usarla, algunas preguntas rozaban el ridículo, y evidenciaron la mala preparación y la nula fundamentación de la fiscalía.

El juicio se retransmite por televisión en abierto en España y también de forma gratuita por internet en un gesto de transparencia que es de agradecer; así que todo el mundo puede ver como la versión de la fiscalía se derrumba interrogatorio tras interrogatorio. La situación llevó a discusiones entre el fiscal y el jefe de los siete magistrados del Supremo, Manuel Marchena.

Es probable, entonces, que las defensas de los acusados cambien de estrategia y acepten todas las preguntas de la fiscalía, porque, si eso sucede, la justicia española no tendrá más remedio que aceptar que no hubo rebelión, que ni siquiera hubo sedición, que probablemente ni siquiera hubo malversación de fondos, y que todo deberá quedar, en el peor de los casos, en unas condenas por conspiración para la rebelión que no comportarían penas de más de 7 años y medio de cárcel, de los cuales los 12 acusados ya han cumplido más de uno.

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