La aplicación de Exámenes Psicofísicos Integrales (EPI´s) a operadores del transporte público federal en consultorios subrogados, uno de los programas con mayor corrupción en sexenios pasados y el cual había desaparecido al inicio de la 4T, fue revivido entre opacidad a finales de marzo pasado.

De acuerdo con testimonios y datos obtenidos por Crónica, la reactivación se dio a espaldas del presidente Andrés Manuel López Obrador y en medio de denuncias sobre amiguismos, compra de plazas, sobornos, fraudes y otros vicios operados por funcionarios de la institución, avezados en negocios furtivos.

Su promotor fue José Manuel Nogueira, quien apenas el 1 de enero pasado fue nombrado director general de Medicina Preventiva (DGMP) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), área encargada del proceso.

Se trata de la evaluación del estado de salud físico y emocional realizado de manera periódica a choferes de trailers -incluidos los de doble remolque- o autobuses, pilotos aéreos u operadores de trenes y embarcaciones, con el objetivo de conocer si son aptos para realizar de forma segura el transporte de personas y carga, y la cual es obligatoria para acreditar sus competencias, capacitarse y obtener la licencia federal.

En septiembre de 2010, mediante una reforma al Reglamento de Medicina Preventiva del Transporte, se permitió la participación de médicos privados como “Terceros Autorizados” para realizar estas pruebas. Ante las ganancias por el servicio y la posibilidad de transas, la mayoría de los doctores eran enganchados por grupos de inversionistas con la capacidad financiera para montar consultorios; además, padecían extorsiones desde la SCT: se les obligaba a comprar cursos patito o fantasma, o a pagar por asesorías técnicas en el manejo de la plataforma conocida como Medprev.

Conforme a investigaciones y auditorías realizadas a partir de 2019, este esquema se prestó para la maquinación de negocios particulares (en especial de funcionarios de la DGMP), autorizaciones a cambio de dinero, venta de exámenes y llenados fraudulentos, anomalías cuya sombra parece reincidente durante la actual reapertura.

Los Terceros Autorizados terminaron la administración anterior con 220 clínicas: acaparaban el 93 por ciento de los certificados de aptitud. Sólo el 7% era atendido en las cada vez más desoladas unidades médicas de la SCT.

Los EPI´s representan una fuente millonaria de recursos, pues en los últimos tiempos el promedio registrado de solicitantes ha sido de 330 mil al año. Si se considera el costo actual de mil 840 pesos por examen, el monto en juego es superior a los 607 millones de pesos anuales. Y podría ser aún mayor, por el aumento descontrolado en el cobro y porque, según cifras de la SCT, los usuarios en la base de datos susceptibles de ser examinados suman más de 1 millón 220 mil.

El tema es considerado de seguridad nacional, por su relación con el traslado de personas o mercancías; y vital para la buena marcha de la economía, después del estancamiento provocado por el COVID-19. Tan sólo en el rubro aéreo, ha adquirido relevancia frente a las versiones de una degradación de la industria aeronáutica mexicana por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

VIRAJE. Con el cambio de gobierno -diciembre de 2018- fue nombrado Ricardo Neri Vela en la dirección de Medicina Preventiva -hermano de Rodolfo, el famoso astronauta-, quien tras las primeras indagatorias concluyó: “Hubo corrupción y malas prácticas del lado de la autoridad y del lado de Terceros, que vieron el gran negocio: no pagaban impuestos y se quedaban con todo".

A mediados de 2019, ordenó la revocación del permiso de todos los Terceros y emprendió una reestructuración financiera y administrativa, lo cual le valió presiones y protestas tanto de las Cámaras del Transporte como de los funcionarios habituados a las corruptelas y a la inactividad institucional.

Neri anunció una inversión plurianual a partir de 2020 y hasta el final del sexenio -acordada ya con la Secretaría de Hacienda- de 40 millones de pesos al año para mejorar la infraestructura y dotar de equipo a las 42 unidades médicas de la SCT, las cuales habían sido olvidadas durante años, y abrir algunas más: la meta era llegar a 63, para atender el total de la demanda nacional.

La decisión fue respaldada por Salomón Elnecavé, director general de Autotransporte Federal (DGAF) de la STC, quien por esos días, ventiló: “En la mayoría de casos los exámenes no se realizaban con la precaución y profundidad necesarias; se entregaba la constancia de aptitud sin haber realizado la prueba”. Habló de perfeccionar el sistema de citas en las unidades de la Secretaría, “las cuales nunca desaparecieron, aunque casi no recibían solicitudes porque los usuarios optaban por los Terceros, que incluso daban más barato”.

Pero llegó la pandemia y el proyecto se enturbió. Todas las citas de los operadores fueron pospuestas y se marcó como plazo el 30 de junio de 2021 para exámenes pendientes. Hoy se calcula un rezago de entre 600 y 700 mil EPI´s.

En agosto de 2020 Neri Vela enfermó gravemente de coronavirus. Por las secuelas, debió presentar su renuncia en el mes de diciembre.

A partir de enero de este año asumió el cargo el cirujano Nogueira Fernández, originario de Veracruz y quien, de acuerdo con diversas denuncias, fue enredado por funcionarios con sospechoso historial en la SCT para reavivar el viciado programa, entre ellos su paisano Rodrigo Garza Sosa, quien había sido Director General Adjunto de Permisos en la DGAF y hoy subdirector de transporte en territorio veracruzano, y sobre todo José Arellano Duque, quien burló la limpia institucional: en el anterior gobierno fue Director de Autorización y Evaluación a Terceros y hoy aparece como Director de Planeación y Control de Medicina Preventiva.

En contraste con las voces ya citadas, Nogueira declaró el 12 de marzo: “La SCT no cuenta con la capacidad para la demanda tan importante que se tiene de las licencias federales. Mi intención es constatar en carne propia cómo se encuentran nuestras unidades médicas, que son alrededor de 60”.

Catorce días después (26 de marzo) abrió de nuevo el programa a examinadores privados mediante el oficio 4.4.077 en el cual refirió la conformación de un grupo de trabajo para evaluar a los aspirantes, cuyos integrantes se desconocen hasta ahora, y el cual basaría la elección en revisión documental, examen de conocimientos -con calificación mínima de 8- y entrevista.

Pese al aparente hermetismo, Crónica verificó que semanas antes del anuncio oficial, diversos grupos especializados en el montaje exprés de consultorios comenzaron a reclutar a médicos dictaminadores en bolsas de trabajo y portales web, pues los permisos sólo se otorgan a personas físicas.

La convocatoria va en contrasentido al proceso de modificación del Reglamento Interior de la SCT, aprobado desde agosto de 2020 por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y en el cual fue eliminada la figura de Terceros Autorizados, así como la atribución de otorgar permisos a privados para realizar el examen. El anteproyecto se encuentra en análisis, a la espera de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Además del choque normativo, están los cochupos, el signo de pesos colocado a exámenes y autorizaciones…