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El Organismo Coordinador de Universidades para el Bienestar denunció la operación de una red administrativa dedicada a facilitar becas a fósiles, estudiantes fantasma o ausentes en las aulas.
Y además, el pago a profesores sin registro ni constancia de su labor docente.
El problema se investiga en todos los planteles del sistema y hasta ahora se ha logrado documentar en instituciones de Veracruz y la Ciudad de México, como la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga (EDPA), en la delegación Cuauhtémoc, la cual formó parte de las escuelas del partido Morena creadas en 2016, recién incorporadas al esquema Benito Juárez de la 4T.
El caso ha puesto sobre la mesa el tema de las responsabilidades escolares y académicas de quienes reciben apoyos económicos del gobierno federal, más aún si se considera el método presencial establecido en los reglamentos de todas las instituciones públicas de educación, incluidas las UBBJ.
En un documento interno compartido a Crónica, la Coordinadora Raquel Sosa develó un rezago académico provocado por alumnos con alto índice de reprobación. En la EDPA, por ejemplo, más de 200 de sus 700 alumnos (casi el 30 por ciento), “no han aprobado materias de ciclos supuestamente concluidos y continúan inscritos y reciben becas, sin que se hayan incorporado a proceso alguno de regularización —el último programado culminó en agosto de 2019—”, denunció Sosa en el escrito.
Aludió una auditoría practicada desde 2017, cuando la escuela aún era subsidiada por legisladores morenistas, en la cual se denunciaban las anomalías, “pero ni entonces ni ahora —admitió— las medidas que se tomaron fueron adecuadas y suficientes”.
En ambos momentos, ella era la responsable…
Ahí, en la EDPA, al fin se tomó la determinación de despedir a dos administrativas involucradas, según la Coordinadora, en estas irregularidades. Se buscó darlas de baja desde finales de septiembre del año pasado, pero la falta de presupuesto para el programa impidió la liquidación: “No existían los recursos suficientes para proceder al pago”, refirió la Coordinadora, sin especificar si se presentaron las denuncias respectivas ante autoridades administrativas o penales.
“Fue cuando se cumplió con todos los pagos pendientes, que solicitamos a estas personas hicieran entrega de documentos y pendientes a su cargo para concluir con sus actividades en la escuela. El 17 de febrero se negaron a abandonarla y solicitaron apoyo de los estudiantes para impedir la entrega”.
De acuerdo con Sosa, las administrativas estaban encargadas de supervisar altas y bajas de docentes, determinar horarios e inscribir a los estudiantes en los cursos de su elección. Sin embargo, “basándose en el reglamento anterior, propiciaron una violación sistemática del modelo presencial con el que se estableció la escuela y que es norma del Programa de Universidades para el Bienestar”.
Y a la par, “abusaron con el registro y pago de exámenes extraordinarios a la SEP, así como un incremento desmedido de docentes contratados, de cuyas tareas y resultados no se registraba evidencia y, en algunos casos, se pagaba por adelantado y en exceso, y, en otros, de manera irregular”.
La misma realidad fue ventilada por Manuel Huerta Ladrón de Guevara, superdelegado del Bienestar en Veracruz, sede de siete universidades del Bienestar, y quien habló de un engranaje para beneficiar a estudiantes pirata:
“No le podemos dar becas a quienes no van a clases, a quienes no tienen matrícula o no son reconocidos por la autoridad educativa, a quienes tienen vouchers chocolate. Al pasar sus documentos se observa que no son avalados y los propios directivos, al darse cuenta de la maroma, se hicieron a un lado”.
“Hay un desorden administrativo, hay muchachos que no son tan muchachos, que tienen más de 29 años, la edad límite que marcan los lineamientos de la entrega de apoyos”.
Crónica logró charlar sobre el tópico con Raquel Sosa…
—Lo que usted está denunciando es el cobro de becas por parte de quienes ni siquiera van a clases —se le comentó.
—En esta universidad (EDPA), como en otras universidades del sistema, estamos haciendo un trabajo de evaluación para evitar que haya este tipo de situaciones.
—¿Lo que se busca al menos es que los estudiantes vayan a clases?
—Nada más. No son medidas de otra naturaleza, lo estamos resolviendo con estudiantes y profesores, como en otros casos pasados y seguramente futuros.
—Se le ha comentado al presidente López Obrador de la importancia de otorgar apoyos sólo a estudiantes que cumplen con sus obligaciones académicas y presenciales, no a los que se dedican a ir a cobrar y desaparecen…
—Ahí está el reglamento escolar, que es de carácter público y explica el debate que hay en este momento. Existen lineamientos de operación de las escuelas, estatutos académicos, reglamento de becas y todo ha sido aprobado por el órgano de gobierno.
Para terminar el paro y reanudar actividades, Sosa propuso la prolongación del periodo de regularización de materias no aprobadas, pero sólo para estudiantes con cinco o menos materias pendientes, y el inicio de un programa especial para regularizar a quienes tienen hasta 10 materias reprobadas. No obstante, este diario constató el caso de alumnos becados con 12, 15 y más materias adeudadas, o quienes sólo acudían a registrarse al inicio del periodo escolar para cobrar la ayuda y luego desaparecían…
“Ha sido muy larga y difícil la transición entre prácticas inadecuadas y esfuerzos todavía incompletos por lograr la regularización y superación de deficiencias que se han prolongado y posiblemente complicado por las condiciones en que se llevó a cabo la incorporación de la escuela al Programa Universidades del Bienestar”, justificó Sosa.
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