La reelección continua volvió a México en 2014, y por primera vez en el plano federal, la vamos a ver operar, por referencia a los comicios legislativos de este año. En lo local, ya se ha presentado en varios estados.

Prohibida en México allá por 1933 la reelección de forma absoluta, para los cargos ejecutivos, pero permitida de forma discontinua para las posiciones legislativas y edilicias, regresó por sus fueros con la idea de abonar a dos ideas, que son las siguientes:

Primero, la profesionalización. Se supone que la permanencia durante más tiempo, de forma continua, en las posiciones legislativas y de los ayuntamientos o alcaldías, abona a tener personas servidoras públicas con un mayor conocimiento, mejores aptitudes y habilidades, para dedicarse a la cosa pública, mediante el ejercicio de los encargos.

Segundo, la revisión ciudadana, pues el contender de nueva cuenta para el mismo cargo, permite a la ciudadanía reconocer el trabajo cuando este ha sido bien realizado, con una nueva elección; o castigar un mal trabajo rechazando la posibilidad de otorgar una vez más el encargo.

Se afirma que es más fácil para quien está en el cargo, contender para mantenerlo. Puede ser, pero la realidad es que siempre dependerá, si las elecciones son competitivas, de la apreciación popular del trabajo realizado. Recuerdo el caso de un Presidente Municipal que, al buscar la elección consecutiva, quedó en tercer lugar de todas las candidaturas contendientes.

Un punto que ha generado discusión es si debe o no retirarse del cargo la persona que busca la reelección, y la respuesta depende de la ley que le sea aplicable. Así, dependerá del legislador si se configura en la norma la necesidad de pedir licencia o no.

Pero, en todo caso, resulta complicado mantener el cargo, sobre todo cuando se tiene manejo de recursos públicos, como en los supuestos de presidencias municipales o titulares de alcaldías, y hacer campaña, dado que no se podría asistir a actos electorales sino en días inhábiles.

Además, es importante remarcar que, en ningún caso, quien pretende la reelección puede servirse de recursos públicos para lograrla.

No puede utilizar recursos materiales, como, por ejemplo, utilizar el auto que se le ha dado en virtud del puesto, para asistir a sus eventos de campaña, o llevarse el sistema de sonido de su oficina para usarlo en sus mítines. Tampoco recursos inmateriales, como sería la cuenta de redes sociales de la dependencia a su cargo, para promocionarse en la misma.

Desde luego, tampoco puede usar caudales públicos para promoverse o pagar artículos promocionales. Y mucho menos instruir al personal a su cargo a asistir a los eventos, fungir como equipo de campaña, o agitar banderolas en un crucero promoviendo su postulación.

Veremos cuántas de las diputaciones federales que están buscando la reelección lo logra. Ahí, podremos observar tanto su competitividad electoral como la confianza y buena imagen que generaron en sus electores.