Ahora que se empieza a hablar de una nueva reforma electoral, quiero recordar que hay una pieza legislativa ya en poder de la Cámara de Diputados, que debería hacer arqueología parlamentaria y detonar un nuevo y necesario proceso de reajustes en la materia.

Se trata de una reforma constitucional aprobada por el Senado a mediados de diciembre de 2016, mediante la que se modificó el artículo 116 constitucional.

Los cambios abordan, en primer lugar, el otorgamiento de la autonomía presupuestal a los denominados OPLE y a los tribunales electorales locales que, según la iniciativa del Senador Yunes (PAN-Veracruz) no fue debidamente resuelta en las reformas de 2013-2014.

La propuesta reviste la mayor trascendencia y les ofrece una renovada certeza institucional de la que carecen hoy en día. En efecto, son conocidos los casos en que los Gobernadores, Congresos locales o Secretarios de Finanzas (o todos juntos) le regatean o niegan recursos indispensables a los Institutos, Comisiones y Tribunales electorales, forzando la toma de ciertas decisiones o su parálisis institucional.

El corazón de la reforma aprobada por el Senado dispone que las autoridades a cargo de la organización de las elecciones y las jurisdiccionales de la materia gozarán de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria; y obliga a los congresos locales a dos cosas: garantizar esta última asignándoles un presupuesto anual que no podrá ser reducido respecto del asignado el año inmediato anterior y crear la normativa estatal necesaria para que el presupuesto de dichos órganos sea suficiente para el cumplimiento cabal de sus funciones.

La iniciativa, el dictamen aprobatorio del Pleno del Senado y un punto de acuerdo de senadoras del PRI encarnan el método que el Congreso de la Unión debió haber empleado en 2013-2014 para mejorar el sistema electoral. Es decir, estudiar primero la situación en la que se encuentran los órganos locales (se puede ver en el punto de acuerdo de las senadoras y en un estudio presentado por la asociación de tribunales electorales locales) y de ello derivar un diagnóstico y una serie de probables soluciones que pudieran atemperar las dificultades que de toda índole enfrentan, en lugar de avasallarlos con una nacionalización normativa de la que hoy nos seguimos doliendo los federalistas y con una nacionalización política-operativa impulsada por las pulsiones centralistas de algunos Consejeros y Consejeras del INE.

Durante aquellos debates de 2013-2014 alegué que así había que hacerle; que si el problema era la injerencia indebida de los gobernadores lo necesario era modificar, precisamente, el artículo 116 constitucional en sus aristas financiera o presupuestal y de requisitos de nombramiento y remoción de consejeros, entre otras, y no reconcentrar los procesos fundamentales de todas las elecciones en una sola autoridad global, por muy competente que fuera, a la vista de las cláusulas federales de la propia Carta Magna. En entrega posterior ampliaré y precisaré mi alegato, porque a los OPLE y Tribunales hay que darles certezas, efectivamente, pero también amarrarles las manos. “No lo digo yo…”

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