Se ha vuelto un tema de moda y, como suele suceder con eso, se encuentra poblado de ocurrencias, sinsentidos y algunas críticas válidas a lo existente. Pero las modas son instantáneas y efímeras, carecen de anclaje en el decurso histórico y son incapaces de trazar una ruta hacia el futuro.

Nadie puede escatimar pertinencia a las preocupaciones sobre el costo de nuestra democracia. El mantenimiento de nuestro sistema representativo y de los mecanismos legales e institucionales para el acceso al poder son, ciertamente, costosos. ¿Pueden y deben ser menos onerosos? Es sencillo responder afirmativamente, sobre todo si con tonos plañideros se alude a las muchas y urgentes necesidades sociales que aquejan al país. Pero conviene desconfiar de las soluciones simplistas. El empleo de la sola buena intención, de abaratar el costo de las elecciones, para la demolición de nuestros instrumentos e instituciones democráticas puede ocasionar costos sociales y económicos inimaginables.

De ahí la imperiosa necesidad de analizar las cada vez más frecuentes iniciativas legislativas en materia electoral, a la luz de sus posibles efectos sobre la imparcialidad, objetividad, profesionalismo, certeza y transparencia de nuestros procedimientos de elección de representantes y gobernantes. Es verdad que la racionalidad en el uso de los recursos públicos que para ello se emplean debe tenerse muy presente, pero no se trata necesariamente de lograr “comicios baratos” sino elecciones de calidad democrática. Más que austeros (“sobrios, morigerados, sin excesos”, según la segunda acepción del vocablo), nuestros procesos electivos deben materializar el ideal maderista del sufragio efectivo a un costo racional que depende de los más o menos candados de seguridad que las condiciones sociopolíticas de cada momento hacen necesarios para la autenticidad del voto.

Este año, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, cuyos antecedentes en materia electoral son: haber laborado menos de un año como subdirector de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del Distrito Federal y representante partidista de 2017 a la fecha en el IEEM y de 2018 a la fecha simultáneamente ante el IEBC, se sumó a la “iniciativitis electoral”. Su propuesta de reforma constitucional toma relevancia porque es la más general. Expresa que se defina a nuestra forma de gobierno republicano como “austera”, la desaparición de los organismos estatales electorales locales, que los siete consejeros locales del INE sean designados por la Cámara de Diputados, que la paridad de género sea aplicable también a los ayuntamientos (que ya existe por criterio jurisprudencial), que los partidos nacionales que pierdan su registro permanezcan como partidos locales si logran al menos 3% de la votación en cualquiera de las elecciones en que hubieran participado, que el financiamiento público se calcule con base en el 33% de la Unidad de Medida y Actualización y no el 65% como ahora, que la liquidación de partidos se haga con procedimientos austeros (sic), que en los mensajes políticos se prohíba la violencia de género y se tutele el interés superior de la niñez (lo que ya existe), que a los principios rectores del INE se incorpore el de austeridad, que el secretario ejecutivo local (sic) sea también delegado del INE en la entidad, que se agreguen dos consejeros designados por la Cámara de Diputados a la Comisión del Consejo de la Judicatura federal que administra, vigila y disciplina al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El resto consiste simplemente en salpicar el vocablo “austeridad” en diversos dispositivos constitucionales.

Como se aprecia, no hay nada nuevo bajo el sol. Las propuestas sustantivas ya habían sido lanzadas y han sido objeto de la mesa de diálogo que —para fortuna nuestra— sostienen el INE y el Legislativo federal. Pero nunca será demasiado insistir en los despropósitos que implican.

El más obvio de ellos apunta hacia el desmantelamiento del sistema de instituciones electorales. La pretensión de sustituir los consejos locales del INE con otros designados por la Cámara de Diputados, apenas oculta la intención de controlar, mediante una mayoría parlamentaria, la organización de las elecciones. El recurrente fraseo que distingue el INE de los consejos locales, así lo sugiere. Al final, no puede sostenerse que los consejos locales no responderán a la mayoría que los designó, en contraposición con disposiciones organizativas “del INE”. No sólo es una vulneración de la autonomía de la autoridad electoral, en sí misma alarmante, sino un trastocamiento de las líneas de conducción de los procesos electorales y un propiciador de caos decisorio.

Lo mismo reza para la intención de designar dos “consejeros independientes” en un supuesto consejo de vigilancia del TEPJF. Con ello, el efecto será una injerencia continua en decisiones administrativas internas de la instancia jurisdiccional, en detrimento de su autonomía. Un acto demasiado obvio para intentar disfrazarlo de astucia política. En los dos casos, se trata de un preocupante retroceso, pues la credibilidad de los comicios mexicanos de los últimos tiempos descansa en buena medida en el carácter cabalmente autónomo de la autoridad administrativa y jurisdiccional.

Un punto insólito se refiere a la desaparición de los organismos electorales locales. En la lógica sistémica que se desprende de la iniciativa, se trata simplemente de un cambio de piel. Desaparecen como organismos autónomos para reaparecer como consejos locales que supuestamente, y sólo supuestamente, dados sus nombramientos y facultades, forman parte de la estructura del INE.

Hay propuestas que, además de ser confusas, abonan a una profunda vulneración de los ámbitos de competencia que deben prevalecer en una República Federal y Representativa. Por ejemplo, la de que los partidos nacionales que pierdan su registro federal puedan mantenerlo si obtuviesen el 3% de la votación local en cualquiera de las elecciones en que participen, lo cual trastocaría la lógica que distingue la construcción de la representación política federal de la local. Respecto de la disminución del financiamiento público a la mitad, la propuesta puede parecer necesaria, pero, como he insistido en otras entregas, se trata de un monto intuitivo, carente de análisis del modelo completo de financiamiento que aconsejaría con certeza el monto y modalidades de los recursos que se entregan a los partidos.

Lo destacado, desde el título mismo de la iniciativa, es la obsesiva e inconsecuente alusión a la austeridad, no como racionalidad administrativa y presupuestal, sino como simple y llana pretensión de gastar poco, no de gastar bien. Sí, la austeridad se ha convertido en un mantra al que sus promotores atribuyen capacidad para ahuyentar demonios. Pero en el campo de lo social y de nuestros procesos políticos hemos tenido que aprender que la renuncia al principio de complejidad de lo real se traduce en soluciones calamitosas. “A veces lo barato sale caro”, decían las abuelas. En materia legislativa conduce a lo que, sin duda, es una reforma sin rumbo, que sólo desquiciaría nuestro sistema electoral, que con sus deficiencias ha permitido la trasmisión pacífica del poder. En democracia la supremacía se logra por medio de los votos ciudadanos, como ha sido el resultado de las elecciones de 2018, no se puede pretender aplastar a las minorías vía una reforma electoral. La lección de la historia reciente del país es que ahogar así a la disidencia pone en riesgo la estabilidad política del país.

Profesor UAM-I
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