El mundo se arriesga a vivir un apartheid climático en el que los ricos pagarán por escapar del aumento del calor, el hambre y el conflicto, mientras el resto del mundo los sufrirá, advirtió ayer el relator para la extrema pobreza, Philip Alston, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En un informe sobre la relación entre la pobreza y el cambio climático, el relator de Naciones Unidas advirtió de que el calentamiento global “amenaza con deshacer los últimos 50 años de progreso en desarrollo, sanidad mundial y reducción de la pobreza”.

“Podría arrastrar a la pobreza a más de 120 millones de personas hacia el año 2030”, y también supone una amenaza a la democracia y los derechos humanos, alertó el experto australiano en su intervención ante el consejo, que este lunes inició su 41ª sesión.

Los derechos a la vida, el alimento, la vivienda y el agua se verán afectados “dramáticamente”, vaticinó el experto, quien también alertó sobre “el igualmente importante impacto en le democracia, a medida que los gobiernos enfrentan las consecuencias y persuaden a su población para aceptar las transformaciones sociales y económicas que harán falta”.

POBREZA, HASTA EN EL MEJOR CASO. Las poblaciones pobres, menos responsables del aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, serán irónicamente las principales víctimas de un fenómeno que, según Alstom, traerá inseguridad alimentaria y peor salud, incluso con las previsiones más optimistas de sólo un aumento de 1.5 grados para el año 2100.“CATÁSTROFE ECONÓMICA". Alstom también denuncia en su informe que los gobiernos ni siquiera están cumpliendo sus ya de por sí insuficientes promesas de reducción de emisiones de dióxido de carbono, a la vez que siguen subvencionando la industria de combustibles fósiles con más de 5.2 billones de dólares anuales.

“Mantener el camino actual es una receta para la catástrofe económica”, concluyó el relator, quien aconsejó que la crisis climática sea usada “como catalizador para que los Estados cumplan los largamente ignorados derechos económicos y sociales, incluyendo el acceso a alimentos, sanidad, vivienda y trabajo decente”.