Sandra Ley, Profesora Investigadora Titular de la División de Estudios Políticos del CIDE

Shannan Mattiace, Profesora del Departamento de Ciencia Política, Allegheny College

Guillermo Trejo, Profesor del Departamento de Ciencia Política, Universidad de Notre Dame

Foto: Guillermo Trejo

¿Cómo resistir a la violencia criminal? ¿Qué mecanismos puede tener una comunidad para contener al narco? Éstas son preguntas que sociólogos, políticos y criminólogos han examinado con gran interés. Dada la escalada de violencia en México en la última década, estas preguntas cobran particular importancia y fueron precisamente la motivación detrás de nuestro estudio sobre la capacidad de los pueblos indígenas para contener a las organizaciones criminales y evitar la infiltración de sus comunidades.

Uno de los fenómenos más sorprendentes de la violencia criminal en México es la presencia relativamente limitada de los cárteles de la droga y los bajos niveles de violencia en algunas de las regiones indígenas del país. En un artículo publicado recientemente en Latin American Research Review, mostramos que la violencia entre cárteles (2000-2012) es menor en los municipios indígenas que en los no indígenas, pero encontramos una variación importante dentro de las regiones indígenas. Utilizando evidencia estadística y etnográfica, nuestra investigación revela que no hay algo esencial o primordial en las comunidades indígenas que les facilite la contención de los cárteles de la droga, sino que las comunidades más exitosas en la contención de la violencia criminal son aquellas con una larga historia de movilización social en las que los movimientos indígenas logran rearticular los mecanismos de control interno propios de los sistemas locales de usos y costumbres de las comunidades indígenas en instituciones regionales autonómicas que ofrecen protección externa a las comunidades frente al narco.

Nuestro estudio se basa en la comparación de dos regiones: la Sierra Tarahumara en Chihuahua y La Montaña y Costa Chica en Guerrero. Ambas son regiones predominantemente indígenas, rurales y pobres en dos de los estados más violentos de México, donde el Cártel de Sinaloa y grupos criminales otrora asociados con los sinaloenses han estado inmersos en grandes guerras territoriales por más de una década. Éstas son regiones valiosas para los cárteles porque son áreas fértiles para el cultivo de mariguana y amapola y ambas son zonas de tránsito de drogas estratégicamente importantes. La región de La Montaña y Costa Chica, en el este de Guerrero, y la Sierra Tarahumara de Chihuahua son las dos áreas principales de cultivo de adormidera en México, destinadas al mercado estadunidense. Las dos regiones cuentan además con asambleas comunitarias y autoridades locales indígenas. A pesar de estas similitudes, las comunidades indígenas en el este de Guerrero han tenido un éxito notable en resistir la penetración del narco y contener la violencia de las drogas, mientras que las comunidades en Chihuahua han sido colonizadas violentamente por los cárteles. En concreto, entre 2007 y 2012, en los once municipios de La Montaña y Costa Chica de Guerrero bajo el control de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la tasa de homicidios asociados con el crimen organizado se mantuvo por debajo de los 12 por cada 100 mil habitantes. Esta cifra contrasta con los más de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes en la Sierra Tarahumara.

A partir de más de 30 entrevistas con líderes indígenas, clérigos católicos, miembros movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, así como asesores externos de comunidades indígenas en Guerrero y Chihuahua, realizamos un análisis para la identificación de los mecanismos que explican las experiencias radicalmente diferentes de resistencia social frente al narcotráfico en dos regiones sustancialmente similares.

Nuestra investigación revela que, a diferencia de las comunidades indígenas en la Sierra Tarahumara, los habitantes de La Montaña y Costa Chica de Guerrero desarrollaron una fuerza policial y un sistema de justicia regional —la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)— que ha contenido en gran medida a los narcos. La creación de la CRAC-PC se origina en 1995, tras una larga historia de organización social en la región que abarcó desde cooperativas de café y movimientos por los derechos autonómicos, promovidos por sacerdotes de la Teología de la Liberación y activistas políticos de izquierda. La CRAC-PC es un sistema donde las asambleas comunales seleccionan, supervisan y sancionan de manera efectiva a los individuos que se desempeñan como miembros de la policía comunitaria y como jueces. El control interno de las asambleas y las normas basadas en el honor y el prestigio comunitario motivan a los miembros de la CRAC-PC a resistir los intentos de soborno y control del narco. Un elemento clave para el funcionamiento de estos mecanismos dentro de la región de La Montaña y Costa Chica ha sido la ampliación de estas instituciones comunitarias tradicionales a regímenes de autonomía étnica interregionales. Al ampliar las prácticas locales de rendición de cuentas a nivel regional y desarrollar redes supralocales de cooperación, los movimientos indígenas han podido construir mecanismos de control interno y protección externa que permiten a las comunidades prevenir la corrupción de las autoridades locales por parte del narco, contener el reclutamiento de hombres jóvenes y evitar el establecimiento de regímenes de gobernanza criminal a través de la fuerza.

Con el propósito de validar nuestros hallazgos más allá de Guerrero y Chihuahua, realizamos además un análisis estadístico a partir de una muestra de 881 indígenas en México. De manera consistente, encontramos que la posibilidad de resistir al narco en las comunidades indígenas solamente ocurre cuando las leyes y tradiciones indígenas se acompañan de procesos de movilización social mediante los cuales se amplían las instituciones indígenas locales al nivel regional.

Los hallazgos de nuestro trabajo tienen implicaciones teóricas y prácticas para el estudio de la resistencia civil frente al crimen organizado y la movilización ciudadana para contener la violencia criminal a gran escala. En primer lugar, el estudio muestra que cuando las comunidades seleccionan de manera efectiva a miembros de la comunidad para que sirvan como agentes de la policía y desempeñan un papel activo para supervisarlos y sancionarlos, la necesidad de profesionalización, compensación material y armamento se torna secundaria.

Segundo, nuestro estudio revela que la ampliación de estas prácticas efectivas de gobernanza indígena comunitaria a escala regional ha contribuido al desarrollo de un orden social comparativamente pacífico. Tercero, la experiencia de la CRAC-PC sugiere que la actuación policial no puede separarse de las prácticas judiciales.

La vigilancia es más efectiva cuando las comunidades desempeñan un papel central en la selección de los fiscales locales y cuando los hacen rendir cuentas. De manera genérica, la experiencia de la CRAC-PC sugiere que las comunidades no deben simplemente delegar las prácticas policiales y procesales a los profesionales. Si se quiere lograr y preservar la paz, las comunidades deben estar al frente y al centro de las instituciones y prácticas policiales y judiciales.