Desde hace décadas se ha exhortado a los sucesivos gobiernos mexicanos a que aumenten el gasto público en las áreas de investigación y desarrollo, para así alcanzar al menos un 1% del Producto Interno Bruto en ese rubro (como está legislado en la Ley de Ciencia y Tecnología). Este gobierno acaba de dar el primer paso — desgraciadamente hacia atrás. Con la entrada en vigor de la nueva “Ley de Remuneraciones Públicas” resulta que toda una serie de prestaciones de los trabajadores al servicio del Estado, que antes no eran gravadas con impuestos, desde noviembre si lo son, con la consiguiente reducción del ingreso neto de los trabajadores. Más aún: poco después de haber escrito este artículo se aprobó el presupuesto de la Federación para 2019 que incluye reducciones importantes al gasto en ciencia y tecnología, aunque parece que algunas universidades públicas se podrán salvar de los recortes. En lo que sigue me limito a comentar el efecto de la ley de remuneraciones.

La intención de la ley, por lo menos la intención publicitada, era terminar con las pensiones a los expresidentes y disminuir los sueldos del personal que goza de salarios excesivos, por ejemplo, los jueces de la Suprema Corte. Sin embargo, los magistrados ya se ampararon y lograron suspender la ejecución de la ley. Los jueces se las saben todas, no por nada tienen el puesto, así que es dudoso que vayan a poder reducir sus ingresos. Mientras tanto, los más afectados son los trabajadores “de a pie”, todos aquellos que hasta ahora han prestado sus servicios al Estado sin gozar de los beneficios estratosféricos de un magistrado.

Entre los primeros afectados se cuentan los académicos e investigadores que laboran en diversas universidades y centros de investigación de la Federación. En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, por ejemplo, les redujeron el sueldo desde noviembre. Lo mismo sucedió en CONACYT y me reportan colegas del CINVESTAV, del CIDE y del INAOE que también ellos sufrirán una reducción salarial en las próximas semanas (la época prenavideña fue el peor momento para introducir la ley).

No se puede aseverar que los académicos e investigadores en México estén devengando salarios excesivos. De hecho, ha sido tradición en las universidades estar ideando nuevas formas de “estirar” los magros aumentos salariales, sobre todo durante las épocas de inflación galopante. Uno de los mecanismos adoptados desde siempre ha sido introducir prestaciones como fondo de ahorro, vales de despensa, becas de desempeño y gratificaciones varias, que se han distinguido del salario por no generar impuestos (o bien la institución misma absorbe su pago). Puede ser que no sea ésta la mejor manera de incrementar el sueldo mensual, ya que dichas prestaciones, si bien no pagaban impuestos, tampoco generan derechos, por ejemplo, para la jubilación. Pero éste ha sido durante décadas el “modus vivendi” implícitamente aceptado, es decir, el “contrato social” incluso fomentado por el gobierno para satisfacer las demandas de aumento salarial de los servidores públicos.

Los legisladores cambian ahora, de golpe y porrazo, las reglas del juego. Paradójicamente, la propuesta de gravar con impuestos el 100% de los ingresos de los trabajadores data del gobierno de Felipe Calderón. La correspondiente iniciativa de ley, redactada en 2009, nunca fue implementada y estaba congelada en las Cámaras, hasta que López Obrador propuso limitar los salarios más altos.

Se sacó un borrador de 2011 del armario, se hicieron pocos cambios, y se aprobó por la vía exprés, de tal manera que se colaron diversos errores en la ley (al INE se le llama IFE, a la CDMX se le llama DF, se habla en la ley de salarios mínimos en vez de “unidades de medida”, etc.) Era tal la prisa por complacer los deseos del presidente electo de dar un manotazo mediático en la mesa aún antes de la toma de posesión, que los diputados no se tomaron la molestia de verificar las consecuencias de la ley, vaya, ni siquiera de actualizar la mayor parte del texto. Afectaron a quienes querían afectar, a los devengadores de altos salarios, pero solo temporalmente, hasta que aquellos se ampararon. En este momento los verdaderos afectados son los trabajadores rasos, los que no van a caballo por las instituciones cobrando sueldos excesivos. Y en ese grupo hay que incluir a los investigadores. Apenas unos días después de que la ley fue aprobada, se le remendó para blindarla contra los amparos de los magistrados, pero desgraciadamente no se corrigió la parte que afecta a los trabajadores no privilegiados.

La disminución del salario de investigadores y académicos a través de la carga impositiva adicional representa en los hechos una reducción neta de la inversión en investigación en México. Ese gasto consiste en pagar por laboratorios, pero sobre todo consiste en pagar por los servicios del personal que impulsa la ciencia y tecnología en México. Aunque en los diarios se comenta todos los días el caso de los jueces y otros altos funcionarios, rara vez se tematiza el caso de los millones de trabajadores al servicio del Estado afectados por la nueva ley.

Lo que me parece más impertinente es la forma en que se tiende una nube de humo sobre el problema. AMLO se ha cansado de repetir que no habrá nuevos impuestos al principio de su gobierno y que tampoco se aumentarán los existentes. Pero gravar con impuestos a las prestaciones antes exentas es una manera indirecta de subir los impuestos. Además de que el resultado es el peor mundo posible: se pagan impuestos ahora por todo ingreso adicional al salario del tabulador, pero los pagos no generan derechos para una pensión mayor. Que se paguen “impuestos sin derechos” no puede ser el principio de la hacienda pública. Ante las críticas López Obrador prometió aumentos de 3% a 1% a los salarios más bajos, lo cual de ninguna manera compensa la disminución de entre 10% y 15% sufrida por todos, incluidos los académicos, que además no recibirán aumento alguno.

En México existen muchos problemas en los centros de investigación, uno de ellos es la necesidad de contar con jubilaciones adecuadas para que así se vayan abriendo plazas para las nuevas generaciones de investigadores. Los salarios actuales no son para nada “lujosos” y las contribuciones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tampoco generan derechos para la jubilación. Se necesita una solución global y de conjunto a estos problemas que contemple los pagos de impuestos, sí, pero también los derechos que así se generan hacia el futuro y cómo obtener pensiones que permitan retirarse dignamente.

Es increíble, pero los diputados en la Cámara no se contentaron sólo con afectar a todos los trabajadores al servicio del Estado antes de la Navidad. Decidieron otorgarse un jugoso aguinaldo y pactaron con la administración de la Cámara que sea ésta la que pagara los impuestos correspondientes para poder recibir la gratificación libre de impuestos. Cómo los diputados no son “trabajadores” se pueden salir con la suya. A los trabajadores y académicos les recetan austeridad a pan y agua mientras ellos descorchan el vino. El efecto neto es disminuir el gasto en investigación. Peor aún: precisamente en la forma que más desmotiva a los trabajadores.

Raúl Rojas González

Profesor de Inteligencia Artificial en

la Universidad Libre de Berlín