Una vez confirmado lo que ya muchos daban por hecho, de que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se mudaría a Santa Lucía, especialistas no dudaron en advertir que la decisión lejos de estar sustentada en una consulta ciudadana, es un claro mensaje político a las esferas del poder con quienes, aseguran, aún no tienen buena relación con el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.

En la política mexicana es bien sabido que, cada inicio de sexenio los presidentes entrantes han acostumbrado a legitimar su gobierno ante la opinión pública como una acción de control de daños por las descalificaciones de contrincantes durante campañas y/o presuntos fraudes electorales, por lo que necesitan dar un mensaje de firmeza, justicia y democracia por medio de acciones mediáticas y llamativas para hacerse notar ante los ciudadanos.

En el caso de López Obrador, él no necesitó de legitimar su elección ante los ciudadanos, toda vez que ganó con 30 millones de votos, lo que le da todo el aval, a excepción, claro, de una parte de la clase empresarial, financiera y política del país, por lo que el tabasqueño usó la misma estrategia para hacerse presente, no con el pueblo sino con dicha esfera económica a quien bajo la justificación de que “la voz del pueblo es la que manda” le dio a conocer la decisión, que él ya venía manejando desde campaña, de frenar la construcción del NAIM.

Lo anterior me remonta al martes 10 de enero de 1989, fecha en que se consumaba aquella aparatosa detención del líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia, conocido como La Quina, acción que para muchos representó la forma de enviar un mensaje de advertencia a quienes aún disentían con el entonces gobierno entrante.

Con base en ello, el día de ayer expertos dieron una lectura similar al llamado “Quinazo”, situación que no sale de la realidad toda vez que a los pocos minutos de concluida la conferencia de prensa de Obrador en la que anunciaba los resultados de la consulta, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex) y las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), entre otros, descalificaron dicha consulta y responsabilizaron al gobierno electo de ser el próximo “responsable de los daños en la economía por una decisión errática”.

Con ello, es previsible que la cancelación de Texcoco vaya a abrir la puerta para que México sea llevado a tribunales internacionales por incumplimiento de contratos de diversas empresas, por lo que, previamente a esta consulta, se tuvieron que haber contemplado algunas acciones jurídicas preventivas aunado al ahorro que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, asegura que habrá con la cancelación de hasta cien mil millones de pesos respecto al gasto total del aeropuerto de Texcoco.

En otro orden de ideas, la consulta ciudadana, además de recabar la opinión de la gente, también le permitió a Obrador medir fuerzas políticas, pues aunque sólo votaron un millón 67 mil 859 personas, que representan el 1.83 por ciento del padrón electoral, es decir ni el dos por ciento, esto le sirvió para resarcir un discurso que muchos aseguraban ya había olvidado, por lo que, sin duda, el ejercicio democrático ha quedado como precedente de cómo tomará sus decisiones el nuevo gobierno al que le urgía mostrarse ante las esferas de poder y marcar la línea a seguir a partir del primero de diciembre.

Todo ello es, sin lugar a dudas, uno de los primeros problemas a los que se enfrentará López Obrador con diversos sectores como el empresarial y político, pues ya el Partido Acción Nacional (PAN) se pronunció por la impugnación a los resultados de la consulta, ya que aseguraron en San Lázaro que “existen acciones legales que se pueden tomar” luego del manotazo que ayer dieron a los intereses inmobiliarios, financieros y políticos de muchos.

*Alcalde de Venustiano CarranzaTwitter: @julioc_moreno