En el Estado de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene identificado un municipio que prácticamente está en quiebra técnica. No sólo adeuda una gran cantidad de impuestos que durante años y años se consideraron deuda histórica y crónica entre una administración y otra, sino que también deben sueldos, pensiones y hasta los servicios básicos como el agua y la electricidad.

Un rescate de las deudas de este municipio mexiquense es la única opción que en el gobierno federal se observa, pero eso no pasará con recursos federales. Al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, el SAT, bajo la responsabilidad de Margarita Ríos Farjat, ya le comunicó la gravedad de la situación que enfrenta la entidad, cuya bancarrota no está contemplada en instrumentos legales como la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. En la década de los noventa, en Brasil, el municipio de Minas Gerais se declaró en bancarrota y hasta los tenedores de bonos tuvieron que asumir la debacle financiera de la entidad. En México no existe esa posibilidad.

Es sólo un ejemplo de la punta de un iceberg de deudas e incumplimientos tributarios que la Jefa del SAT descubre y analiza con datos históricos mientras ejerce la política fiscal sin las concesiones que permitieron a este municipio llegar a una situación tan compleja. Y aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha insistido con acciones como la corrección de las acciones que permitieron décadas de condonaciones tributarias sin que se cumplieran condiciones extraordinarias como las afectaciones por desastres ambientales o crisis. En pocas palabras, verdaderas crisis. El SAT en este tiempo de la cuarta transformación también encontró que durante la crisis del Fobaproa muchos empresarios aprovecharon para iniciar ante el SAT, con el apoyo de las autoridades, una serie de prácticas de condonación que se extendieron por décadas. En esa crisis no sólo se perdonaron impuestos a empresarios que se dijeron afectados por la crisis bancaria, sino que aprovecharon para un borrón y cuenta nueva de años previos del que poco sabemos.

Gobernadores, presidentes municipales, empresarios ahora insisten en revivir las viejas prácticas e insisten en llamar directamente al presidente López Obrador para exponer situaciones fiscales. En otras palabras, intentan un trato diferenciado. A la Jefa del SAT le corresponde nada más mostrarles la Ley sin concesiones. Los atenderá diligentemente pero no habrá favores.

Poder Judicial bajo presión. En un tema que importa al sector de las telecomunicaciones pero, sobre todo, a sus clientes, el Poder Judicial se encuentra bajo presión. Nos referimos al caso del llamado Efecto Club, en el cual la Corte regresó el amparo de Telcel. La telefónica, considerada como preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), quiere aprovechar esta posición y ofrecer beneficios a los usuarios de su red. Seguir concentrando el mercado. Resulta que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ordenó reponer el proceso relacionado con el amparo que impulsan los abogados de Telcel. Con cuatro votos a favor y uno en contra, en la SCJN se decidió, incluso, regresar el expediente y asignarlo a otro ministro de la Corte. La ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era la responsable de la resolución. Así de fuertes las presiones en un caso que involucra al jugador preponderante del sector de las telecomunicaciones.

Recesión, la sola palabra asusta. La sola mención de este escenario asusta a las buenas conciencias. En el Banco de México, los integrantes de la Junta de Gobierno tratan el tema con pinzas. Bueno, hasta una comisión se ha formado para analizar cuándo y cómo podría reconocerse esta situación económica que, por cierto, nos recordaría un momento muy parecido al que enfrentó el gobierno de Enrique Peña Nieto. El problema no es la recesión sino cómo remontarla. Se necesitan medidas contra cíclicas y, por supuesto, recursos para ellos. Distraer, por supuesto, transferencias de efectivos de programas sociales porque en la reactivación de la economía no tienen el mismo impacto que otras medidas ya probadas para hacer que la economía deje su posición de estancamiento. Quizás el extitular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, no contaba con las herramientas en su gestión como responsable de la política económica para lograrlo.

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@LaVilleghas