Para 2020 se requieren mínimo 6.3 billones de pesos como Presupuesto, advirtió Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Señaló que es urgente definir las reglas para acceder a los 485 mil millones de pesos (mmdp) anunciados —hace dos semanas— por la Secretaría de Hacienda, así como realizar los cambios legales para que los fondos de estabilización presupuestaria (Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios con recursos actuales de 296.3 mmdp y el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas con 93.5 mmdp) puedan utilizarse como medidas contracíclicas.

“El año 2020 debe ser el de la inversión, y para ello se debe incrementar el gasto público”, dijo el diputado morenista.

Se manifestó por destinar recursos a obra pública y a la inversión productiva en infraestructura, servicios de salud, educación, agua y comunicaciones, entre otros.

Y no dejó pasar que es indispensable fortalecer los programas sociales y los mecanismos de evaluación con la finalidad de hacer más eficiente el combate a la pobreza.

“El crecimiento económico y los ingresos del país han sido afectados por el entorno internacional, y a esto se suman los gastos ineludibles, como pensiones, deuda pública, aportaciones, participaciones y adeudos fiscales; por lo que es necesario identificar mecanismos fiscales para mantener finanzas públicas sanas”, enfatizó el legislador por Morena.

Ramírez Cuéllar reiteró que los gobiernos estatales deben fortalecer sus haciendas públicas, pues no es sostenible la dependencia excesiva que han mostrado los estados y municipios respecto a los recursos federales.

“Deben tomar las medidas necesarias para incrementar sus ingresos propios, modernizando sus catastros y recaudando los impuestos que les corresponden. Las autoridades locales necesitan asumir su responsabilidad y ejercer sus atribuciones”, indicó el legislador.

Insistió en la necesidad de fortalecer el combate a la evasión fiscal, sobre todo en lo relativo a la facturación falsa, para lo que se propone elevar las penas y establecer un esquema fiscal de control que identifique y evite la proliferación de las facturas.

Uno de los sectores donde analizan atraer recursos a la hacienda pública es del comercio electrónico, indicó que en sintonía con el G-20 se busca que las empresas residentes en el extranjero que prestan servicios en territorio nacional paguen impuestos por los ingresos que reciben de los consumidores mexicanos.