A la usanza de un rey medieval europeo bueno y noble, el pasado 10 de diciembre, AMLO miró a la mamá de Rafael que contó una historia espeluznante: su hijo seguía preso por impugnar una resolución judicial y al final había pasado más años encarcelado en espera de proceso que si hubiera aceptado la primera sentencia. Gobernación y el Poder Judicial se movilizaron para que la promesa del Ejecutivo se cumpliera en favor de Rafael.

Ese caso es uno de 90 mil reos que hay en este cierre de 2020 sin sentencia, recluidos en espera de que el sistema judicial, los policías investigadores y su defensa logren realizar el juicio pertinente. La cifra de personas recluidas en centros penitenciarios ha estado creciendo desde 2018, cuando la autodenominada 4T entró en funciones, y el aumento se debe justamente a quienes no tienen sentencia. Las fiscalías del país, que suelen hacer ridículos tratando de manejar el sistema de juicios orales, han empujado para que cada vez haya más delitos en los que se aplica la prisión preventiva, es decir, que se encarcele “por si las moscas” a un presunto autor de delitos en lo que las policías terminan de investigar.

Por otro lado, las medidas preliberatorias (como la que debió ocurrir con Rafael sin intervención presidencial) no están ejecutándose suficientemente en casos no graves a efecto de que las cárceles no se saturen.

El COVID ha atascado la movilidad de los juzgados, pero es también un elemento a considerar para evitar la sobrepoblación penitenciaria.

Los reos sin sentencia por fuero común pasaron de 65 mil a 77 mil de octubre de 2019 a octubre de este año (crecimiento de 19 por ciento). En tanto que los del Fuero Federal, que venía descendiendo a ritmos importantes antes de 2018, comenzó a aumentar este año y alcanzó los 12 mil (5 por ciento de crecimiento en 10 meses y aumentando).

Aunque hay más espacios individuales que reos en el sistema nacional de centros penitenciarios, l necesidad de que quien no deba ir a prisión en espera de proceso es evidente: los procesados tienen derecho a estar cerca de su lugar de residencia, así que de poco sirve que en Baja California haya 3 mil lugares disponibles, porque estos se requieren en Edomex.

¿Y el COVID, apá?

“Cómo aplicar la sana distancia si comparto un cuarto de cuatro por cuatro con quince personas más, aquí el COVID”, comenta Rogelio, mejor conocido como El Chipotles en el Reclusorio Norte, en donde tendrá que cumplir una sentencia de cinco años. Es uno de los centros penitenciarios con problemas serios de sobrepoblación, le hacen falta mil 1 158 lugares para sus reos y esto es irresoluble de momento, a pesar de que en conjunto la Ciudad de México tiene un poco más de espacios carcelarios que reos.

Chipotles comenta que desde principios de año los servicios médicos que se proporcionaban dentro del complejo han ido desapareciendo, no hay doctores y señala que gel antibacterial o usar cubrebocas es un lujo que no muchos se pueden dar.

La pandemia no sólo ha afectado la salud de los reos, pues debido a las restricciones sanitarias impuestas por las autoridades del complejo, los talleres de trabajo que daban sustento a la población han quedado suspendidos, dejando a la deriva a más de la mitad de los prisioneros.

“Tengo que lavar baños, limpiar pisos y hasta hacer mandados para ganarme una moneda, desde que cerraron los talleres muchos nos quedamos sin ingresos y aquí las rentas se pagan de una u otra forma”, señala.