Es evidente que en México, lejos de estar avanzando estamos retrocediendo en muchos rubros, pues resulta preocupante que ahora diversos delitos ya no sean privativos de libertad; es decir, ahora los delincuentes que cometan algún delito pueden alcanzar fianza y de manera impune volver a delinquir en la ciudad capital, por ejemplo: el robo, abuso sexual, evasión de presos, ataques a vías y medios de comunicación, privación de la libertad con fines sexuales, entre otros.

Dichas transgresiones a la ley, por cierto, son las de mayor comisión en el país, lo que le ha repercutido a nuestra Ciudad de México y derivado de ello, recientemente el jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel Mancera, advirtió a la sociedad sobre el riesgo que corren los capitalinos ante la inminente liberación que hará el Poder Judicial de más de cuatro mil reos de las cárceles localizadas en la metrópoli.

Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se aventara la puntada de fallar a favor de los delincuentes procesados y sentenciados que cometieron alguno de estos delitos, antes de la entrada en vigor de la reforma, sin importarle a los ministros el riesgo a la seguridad pública a la que exponen a los ciudadanos, por lo que esta liberación echa abajo todo esfuerzo e investigación de las policías para su captura y presentación ante la justicia.

No obstante, desde el 18 de junio del 2016, día en que concluyó la implementación en todo el país del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no se han registrado buenos resultados tal y como lo reportó recientemente la Procuraduría General de la República (PGR), quien asegura que sólo ha habido resolución en menos del 50 por ciento de las investigaciones iniciadas, situación que contradice uno de los principales objetivos de los tan sonados juicios orales, en donde garantizaban mayor transparencia y una justicia más pronta y expedita.

Lo anterior demuestra que ninguna reforma en materia penal, por muy avanzada que suene, arrojará los resultados esperados mientras no exista una verdadera separación de poderes en nuestro país; es decir, que el Poder Judicial sea autónomo a los intereses del Ejecutivo, aunado a una independencia técnica y operativa de las fiscalías y procuradurías, así como de que los ministerios públicos gocen de plena libertad a la hora de emitir sus resoluciones.

Si a todo esto le sumamos que no existe en México un verdadero programa de readaptación social en las diferentes cárceles del país, pues entonces ninguna institución debería otorgar libertad a personas que han cometido un delito y esto debería ser motivo de una alianza entre gobernantes y encargados de la impartición de justicia, así como cuerpos de abogados, colegios especializados y sociedad en general, para exigir entre todos al Congreso de la Unión que de inmediato haga las reformas necesarias para modificar dicho sistema y no termine siendo un pasaporte a la impunidad para todos los delincuentes.

Tan es así que este nuevo sistema de juicios orales pone a México en uno de los primeros lugares a nivel mundial con mayor injusticia y, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de cada cien denuncias sólo en una de ellas se logra la impartición de justicia, arrojándonos un penoso 99 por ciento de impunidad.

Sin duda este tema es uno de los grandes pendientes que tenemos en el país que se tienen que resolver en lo inmediato, pues todo mundo está metido en los temas electorales y escándalos políticos, cuando en la realidad estamos volviendo a vivir entre el miedo, pues ni la sociedad ni el gobierno hemos sido capaces de crear un adecuado sistema de justicia penal que reduzca la criminalidad, pero sobre todo la reincidencia delictiva o peor aún la readaptación social, toda vez que no existe, tampoco, una separación adecuada de primodelincuentes con aquellos de alta peligrosidad, acción que le ha dado a las cárceles el nombre de universidades del crimen.

Y de Pilón:

Y hablando de impunidad, existen políticos a quienes por lo visto no les interesa la justicia en este país y uno de ellos es el líder nacional de Morena, López Obrador, que con tal de hacerse de allegados a él, en su desesperación, se la pasa absolviendo a personajes, como el responsable de uno de los fraudes electorales más evidentes del país, Manuel Bartlett, y ahora al fundador de “Amigos de Fox”, Lino Korrodi, quien es señalado por ser experto en el financiamiento ilegal de campañas electorales, lo que nos deja un gran mensaje para lo que viene en el 2018, pues queda claro que al Peje lo que le importa es ganar con y a costa de lo que sea. Y por cierto, como el mesías dice tener el don de perdonar a ladrones de cuello blanco con el solo hecho de que se pasen a Morena, sus huestes de medio pelo que operan políticamente en las delegaciones ya creen que también fueron bendecidos con ese don y pueden perdonar a vulgares corruptos que se dicen expertos mapaches, a los que utilizarán en el 2018.

Twitter: @julioc_moreno