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El Aeropuerto de Santa Lucía tiene una premisa a cumplir: ser una obra Cero Huachicol, es decir, que ningún camión o tráiler que traslade arena, grava, cemento o cualquier material esté moviéndose gracias a gasolina o diésel robados de los ductos de Pemex. El área del Estado de México, entre Tecámac y la propia Santa Lucía, es una de las que tiene mayores registros históricos de robo de combustible, si se consideran sus conexiones carreteras hacia Hidalgo y Querétaro.
El insumo de combustible robado para empresas transportistas es un incentivo, puesto que abarata costos de operación y aumenta márgenes de ganancia, así que el tema surgió en Santa Lucía, la megaobra del amlismo que, a diferencia de otros proyectos como el de Dos Boca o el Tren Maya, tiene el control absoluto gracias al papel central que juega el Ejército mexicano.
Los militares a cargo de la planeación y construcción del proyecto aeroportuario establecieron una medida específica para que los contratistas de la megaobra no estén comprando gasolina fuera de establecimientos oficiales y llenando los tanques de huachicol. Como requisito, deben estar dispuestos a la verificación de sus compras de combustible (diésel o gasolina).
Ese es el motivo de las protestas que los transportistas escenificaron en noviembre y diciembre pasados, confiaron fuentes de alto nivel de Sedena a Crónica, pues la asociación más grande de los traileros no había enfrentado antes medidas de esta naturaleza.
La primera reacción vino de los llamados Sindicatos Unidos para la Transformación de México (SUTM), en realidad, una unión de gremios que incluye al 80 por ciento de los transportistas del país.
La demanda original del SUTM era la posibilidad de que la contratación se les concediera en exclusiva a sus agremiados, pero el tema del huachicol apareció a finales de noviembre y, con él, una serie de bloqueos de la organización a los accesos a Santa Lucía.
Cabe recordar que la baja significativa de robo de combustible a Pemex no ha terminado con la aparición de tomas clandestinas sobre ductos de Pemex, particularmente en ramales del centro del país que van desde Guanajuato hasta alcanzar Hidalgo y Estado de México.
Poco antes de acabar 2019, en Santa Lucía quedó zanjado el tema de la verificación de la procedencia de la gasolina y la verificación a los transportistas mediante documentación de la compra legal (algo que, además deberían tener para efectos fiscales). Por ahora, al menos, Santa Lucía aparece como la primera obra que podrá contar con un certificado tácito de Cero Huachicol en su construcción.
El miércoles, Crónica publicó las opiniones de transportistas locales que indicaban que Sedena, responsable de la obra, estaba pagando muy bajo a quienes se enrolaban en el transporte de materiales.
Esta tardanza, a juicio de las fuentes de Sedena, están ligadas igualmente a un hábito en la zona para aumentar márgenes de ganancia con la compra de gasolina barata robada.
Presidencia de la República estableció que parte de los contratados para la obra debían ser transportistas de las comunidades aledañas al nuevo aeropuerto. Con ello se cumpliría la premisa de irrigar recursos en el entorno de la obra y no conceder las contrataciones sólo a los empresarios más fuertes del país.
En el caso de los agremiados del SUTM, éste reúne a tal porcentaje de transportistas que realizar una obra de estas dimensiones sin ellos, resultaría imposible. Se estableció la meta de 30 por ciento de transportistas locales, sean o no del SUTM, para cumplir el mandato presidencial.
Las últimas fechas de 2019 indicaban que faltaban aún transportistas locales para lograr esa meta.
En esa área de tránsito, la supervisión de los transportistas contratados podrá realizarse sin problema, y además, evitará que cualquier tipo de controversia con la SUTM derive en la detención de los trabajos de construcción de la pista o del área de abordaje.
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