A menos de dos meses de haber asumido el cargo, el gobernador morenista Jaime Bonilla enfrenta ya una crisis de credibilidad entre los bajacalifornianos, derivada de su obstinación por extenderse en el cargo y de la conformación de un gabinete bajo sospecha, pero sobre todo de su desprecio por la estructura anticorrupción impulsada de tiempo atrás por ciudadanos y su apego a la opacidad en la asignación de contratos.

A los sobornos millonarios del consorcio Productos Agropecuarios Cachanilla por el suministro de alimentos en penales estatales —con el obligado cese de dos de sus funcionarios—, se ha sumado otro caso, confirmado ya por Crónica en la Secretaría de Hacienda estatal: la asignación directa de un contrato a la empresa de origen poblano Accesos Holográficos, con una diferencia, lo negociado y cedido ahora no es el llamado “rancho carcelario”, sino insumos vitales para la seguridad pública y personal de la población: placas, tarjetas de circulación y, en especial, licencias de conducir, imprescindibles en el quehacer cotidiano de esta frontera y con validez oficial incluso en Estados Unidos.

En tiempos recientes, se han tramitado cada año alrededor de 300 mil licencias, las cuales hoy están en riesgo...

La base de datos de este documento es la más importante en la entidad –—fuera de lo electoral— y maneja información sensible de los usuarios. Por su impacto y valía en los procesos de identificación ha sido el documento personal más atractivo para las mafias de falsificadores o aquellas dedicadas a la suplantación de identidad con presencia en esta franja fronteriza, según pudo corroborar este diario en ejercicios simulados.

“La licencia de manejo es un documento personalísimo que avala nuestra identidad, la reducción de medidas de protección y el mal manejo de sus datos o su uso discrecional nos coloca en una gran incertidumbre. No sería válido argumentar austeridad a cambio de la inseguridad de los bajacalifornianos y de los mexicanos, porque hablamos de una de las zonas fronterizas más importantes del país”, apuntó a Crónica Fernanda Flores Aguirre, del Observatorio Ciudadano de Baja California (ObserBC) y quien recién recibió el Premio Internacional por la Excelencia a la Lucha Anticorrupción, avalado por la ONU. En el último proceso electoral fue candidata independiente a una diputación local y su principal bandera consistió en eliminar de la ley las adjudicaciones directas de contratos.

“Cuando no hay un genuino compromiso social ni transparencia, se puede atentar contra la vida y la seguridad de las personas. Si quieren austeridad, que la apliquen en su forma de hacer política, en sueldos y privilegios, pero no en asuntos tan delicados y suculentos para la delincuencia”.

Mientras, Ernesto Elorduy, presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló:

“Las láminas y licencias son artículos cuya mala utilización facilita actividades ilícitas, el andar expidiéndolas sin normas de seguridad adecuadas se presta a la realización de trámites ilegales, lo que debería poner en alerta no sólo a los gobiernos de aquí, sino al de Estados Unidos. Es inaceptable que el nuevo gobierno, que se dice del cambio, esté peor que el anterior, que ya es decir mucho, cuando sí había licitaciones para estos procedimientos”.

“¿Qué uso darán a las licencias quienes ganaron el contrato?, ¿se van a revender o a falsificar?, ¿comenzarán a circular de forma masiva en el mercado negro? Es pagar las cosas baratas a costa de la tranquilidad. Las adjudicaciones directas dan pie a tentaciones de soborno y acaban con la probidad. Ya lo vimos con el asunto de las prisiones, se están intercambiando contratos a cambio de sobornos y queremos ver quién está detrás de esto. Es difícil aceptar que el gobernador Bonilla no esté enterado de lo que hacen sus funcionarios”.

Durante los últimos tres años, las licitaciones para licencias fueron ganadas por la empresa Cosmocolor, cuyos protocolos de elaboración refieren ajustarse a estándares internacionales de identificación personal como el ISO18013 y las normas de protección obligadas por la Comisión Nacional de Seguridad y otras autoridades en la materia.

Su sistema se basa en un motor biométrico especializado en evitar el robo de identidad. Comprende el cotejo de todos los datos biométricos del interesado, los cuales son infalsificables: sus 10 huellas, el iris y el rostro, en un proceso presencial, con seguimiento hasta la entrega del documento. Emplea, además, un expediente digitalizado, acorde con el resto de los documentos personales solicitados, como la credencial del INE, el CURP o el comprobante de domicilio.

Conforme a cifras oficiales, el blindaje y certeza del procedimiento había terminado con los negocios furtivos de los funcionarios de una veintena de oficinas de recaudación, quienes solían comercializar las licencias fuera del sistema: de 12 mil emisiones se pasó, en promedio, a 25 mil al mes.

“Antes se hacían todas las tranzas posibles. Supe de indocumentados que tramitaban licencias desde Estados Unidos u otros lugares, y se las enviaban por paquetería sin ningún requisito”, cuenta Lourdes, exempleada de la Subsecretaría de Innovación y Modernización Tecnológica, área encargada de la expedición y quien accedió a grabar la charla.

“O se las daban a gente que buscaba una identidad falsa o que intentaba huir del estado con un nuevo nombre, porque había cometido crímenes o estaba metido en líos, era muy fácil”.

—¿Y cuánto se pagaba por esas licencias? —se le preguntó.

—Mucho dinero: 30 mil o hasta 35 mil pesos, por eso se modificó el esquema, para evitar la corrupción, y ése es ahora el peligro...

Cada licencia tenía un valor aproximado de 150 pesos, aunque tras la llegada del nuevo gobierno se apostó por quitar todos los candados de seguridad, con el objetivo de reducir costos hasta en una tercera parte. La flexibilidad promovida por la administración de Bonilla abrió ya la puerta a redes de falsificación y coyotaje, a la luz de las historias por contar.

Accesos Holográficos no cuenta con antecedentes en la expedición de licencias. De ahí su intención por aliarse con empresas especializadas en el ramo o subcontratar a terceros, con la condición innegociable de quedarse con la titularidad del contrato, según confiaron a este diario empleados de la Secretaría de Hacienda, quienes han comenzado a ser adiestrados en el nuevo engranaje: “Al final se decidió rescatar el sistema anterior, hacer las licencias como se hacían en años pasados, cuando predominaban los vicios y cochupos. Van a ser como credenciales de escuela, botín para falsificadores”, dijo uno de ellos.

Entre sus principales accionistas figura Ramón Bautista Pérez Salazar, integrante de una familia de empresarios poblanos. Aun en sus carteras más habituales, como engomados y tarjetas de circulación, ha sido investigada por incumplimiento en al menos tres estados: Chiapas, Veracruz y Sinaloa, y aludida en observaciones a cuentas públicas de la Auditoría Superior de la Federación.

Más allá de nombres de personas o empresas, aseguró Luis Ramón Irineo, excolaborador de Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno de la hoy Ciudad de México y actual secretario técnico del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, “hasta ahora no hemos encontrado interés del gobierno de Bonilla por decir: ‘vamos juntándonos para ver cómo generamos políticas públicas para depurar y erradicar la corrupción y los moches en licitaciones’, sería lo primero que esperarías de una nueva administración, que tiene el control del Congreso para cambiar leyes y reglamentos o ajustar la normatividad”.

“No hay voluntad política ni disposición para evaluar el trabajo de los funcionarios entrantes o frenar la repetición de corruptelas en contratos. Son las mismas prácticas”.

Y las redes ya acechan...