Desde que la Cámara de Diputados turnara al Senado de la República la Ley de Seguridad Interior, varias voces no se han hecho esperar para levantarse en contra de dicha iniciativa que, a decir de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), no representa una solución para la seguridad del país toda vez que existen diversos casos en donde el Ejército patrulla las calles y con esa acción, no necesariamente se ha visto reducido el índice delictivo.

Por ello, y a unas horas de que se discuta esta Ley, la Cámara alta no debiera pasar por alto a los organismos internacionales que han alertado sobre la minuta de Seguridad Interior, pues la misma genera riesgos para los derechos humanos tal y como lo señaló en una misiva dirigida a los senadores Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin duda ésta es una oportunidad que tiene el Senado de la República de mostrar un rostro incluyente y qué mejor que tomando en cuenta a la ciudadanía mediante un parlamento abierto en este tema, así como los ordenamientos internacionales, por lo que celebro que el coordinador de la bancada perredista, el senador Luis Sánchez, haya exigido que se precise el respeto a los derechos, pilar fundamental en cualquier ley de seguridad.

Sólo así se estaría dejando ver que en el Senado existen nuevas formas de legislar, que se está innovando al hacer o perfeccionar leyes y que no está estancado en décadas pasadas, como normalmente se le hace ver ante la opinión pública.

Y para ejemplificar, de manera arcaica y en lugar de abrir el debate, el partido en el poder se ha empeñado en señalar que la minuta referida “no pretende militarizar al país o vulnerar los derechos humanos”. Por si fuera poco, organismos autónomos del país también se han pronunciado en contra de la misma, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Ciudadanos por una Causa en Común, quienes en aras de dar un paso hacia adelante, alinean su postura para coincidir con la ONU y la CIDH en el sentido de que “aprobar la Ley, sería un retroceso para el país”, por la sencilla razón de que se han enlistado una serie de observaciones, pues existe una ambigüedad de conceptos en la iniciativa por contemplar afectaciones a la protesta social, y una “indebida regulación” del uso de la fuerza castrense.

Y son precisamente estos últimos conceptos los que la Ley de Seguridad Interior busca regular, pero que a su vez son temas que han quedado rebasados luego de largos debates que, durante décadas, se han realizado entre la izquierda en conjunto con la ciudadanía a raíz de nuestra propia historia, que pareciera ignoran los promotores de esta ley o, por lo menos, han olvidado fechas cruciales como 1968 y 1971, por citar algunos ejemplos.

Incluso, hay quienes aseguran que con esta Ley se busca sistematizar lo que no es normal, es decir, no es normal que las Fuerzas Armadas lleven más de una década recorriendo las calles de varios estados y municipios de México, ya que esto ilustra un rotundo fracaso de todas y cada una de las policías que existen en nuestro país, pues su labor, ha quedado rebasada por la propia inseguridad y por diversos factores que van desde la colusión de elementos policiacos con el crimen organizado, hasta la falta de capacitación y recursos a las corporaciones; y aunque esto para muchos es algo ya habitual, no debiera ser normal pues de ahí dependen muchos factores, como la economía y nuestra propia seguridad y la integridad de nuestras garantías individuales y es ahí donde el Senado debiera poner el dedo en la llaga para regular y fortalecer a las policías y no intentar justificar un exceso del uso de la fuerza.

También, uno de los grandes riesgos que existe es que con esta Ley se estaría dando una venia legal al Ejército para realizar una actividad que le corresponde exclusivamente a cada uno de los gobernadores, como lo es la seguridad pública, y con ello se estaría otorgando un superpoder al titular del Ejecutivo federal, toda vez que si un gobernante no está alineado, simplemente las Fuerzas Armadas podrían tomar control del estado, so pretexto de garantizar la seguridad de la entidad federativa. Y como prácticamente el país se ha dividido, electoralmente hablando, la tesis cobra sentido, pues en la política no existen casualidades sino causalidades. En fin estimado lector saque usted sus propias conclusiones.

Y de Pilón:

Y hablando de avances y altura de miras, este lunes se dio un gran paso desde el IX Consejo Estatal del PRD-CDMX al aprobarse, por amplia mayoría de los consejeros, el convenio y plataforma de coalición del Frente para la Ciudad de México, y para ello es de reconocerse que hayan pesado más las coincidencias entre los partidos que los intereses personales de cada uno de los diversos actores políticos, por lo que, el día de mañana, este acuerdo de alianza electoral se registrará ante el Instituto Electoral de la CDMX y se cristalizará un gran acuerdo entre tres partidos al que muchos le apostaban al fracaso.

Twitter: @julioc_moreno