El desastre reformador que la 4T vivió ayer sepultó el tema de la despenalización del aborto que venía incluido en el proyecto de Código Penal Nacional.

Los funcionarios morenistas no pudieron entregar al Congreso de la Unión el paquete de reformas de gran calado debido a que muchas propuestas presentaban violaciones flagrantes a temas de derechos humanos. En ese panorama, pasó desapercibido que la interrupción legal del embarazo quedaba tácitamente validada como un derecho de la mujer.

El proyecto de Código Penal Nacional retoma las propuestas más radicales al respecto, pues elimina la descripción del aborto como delito y penaliza a quien impida el acceso de la mujer a la interrupción legal del embarazo.

En caso de aprobar el Código como viene formulado, dejaría sin penalizar al aborto, quedando las restricciones al mismo en otro campo, el de la salud.

La batalla que podrían dar en este supuesto los gobiernos estatales antiabortistas, se daría justamente en las leyes de salud estatales, pero una primera batalla, muy importante, la estarían perdiendo en el proyecto del primer Código Penal de aplicación general en todo el país.

Cabe recordar que los proyectos originales, planteados antes del ascenso de la 4T, copiaban el esquema utilizado en la Ciudad de México para abrir el camino de la interrupción legal del embarazo. El aborto se mantenía como una conducta delictiva, pero se especificaba que se consideraba como tal a la interrupción deliberada de la gestación después de las 12 semanas. Antes de los tres meses de embarazo, la interrupción del mismo era legal y de allí que las leyes de salud incluyeran procedimientos para que el sistema hospitalario público lo realizara en forma segura.

Este mecanismo legal, aunque no eliminaba al aborto como delito, era el de avanzada a nivel nacional.

El proyecto de Código Penal Nacional, sin embargo, fue más lejos al eliminar las referencias, lo que llevará la interrupción del embarazo al campo de la salud.

En el campo de los delitos quedaría, como atentado contra los derechos reproductivos, “toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios para la interrupción legal del embarazo…”

Cabe recordar que en muchas entidades del país, de acuerdo a reportes de promotoras de los derechos de la mujer, instancias oficiales de asesoría legal u hospitalarias están impidiendo que las mujeres puedan ejercer ese derecho, aun cuando en la entidad federativa se permita (por casos de violación, por ejemplo).

El Código Penal Nacional eliminaría la falta de concordancia que hay sobre el tema a lo largo del país. Los 32 código estatales actualmente vigentes desaparecerían para que se aplique exclusivamente el nacional.