El Poder Judicial determinó que Marco Antonio —el estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM que fue detenido en El Rosario por grafitear unos murales y que apareció seis días después en el municipio mexiquense de Melchor Ocampo— fue víctima de de­saparición forzada por parte de policías capitalinos y del Estado de México.

Asimismo, concedió un amparo al joven y a su familia, tras acreditar que hubo violación a sus derechos humanos por parte de autoridades policiales, ministeriales y judiciales.

Por ello se ordenó la reparación integral del daño por “violación grave” de sus derechos humanos.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Judicatura Federal, en su resolución del Amparo en Revisión 53/2019, el 9 de mayo anterior, dictó esta sentencia, que fue dada a conocer por organizaciones civiles, que ahora exigen castigo a los funcionarios que arremetieron contra el estudiante, así como una investigación exhaustiva y sanción a los funcionarios, incluido el exjefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que negaron su desaparición forzada y a los responsables de la impunidad persistente en el caso.

IRREGULARIDADES.  El 29 de enero de 2018, tras seis días de desconocerse su paradero, Marco Antonio, el adolescente de 17 años que desapareció luego de ser detenido por policías capitalinos en Azcapotzalco, apareció en calles de Melchor Ocampo, que colinda con Cuautitlán.

Ese día, el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo: “Tuve oportunidad de hablar con su mamá y me dice que sí es su hijo, eso es lo que refiere; sin embargo, va camino a encontrarse con él”.

El 23 de enero Marco fue subido a una patrulla por cuatro agentes en las inmediaciones del Metro El Rosario, en Azcapotzalco, presuntamente por grafitear a un mural.

Desde ese momento Mancera negó que se tratara de una desaparición forzada y reveló videos del juzgado cívico de Tlalnepantla, adonde fue llevado por policías mexiquenses tras encontrarlo deambulando en un puente.

Y es que el sábado 27 de enero, a las 22:25 horas, cuando ya se había hecho pública su ausencia, fue dejado en libertad en ese juzgado al no acreditársele ninguna falta.

Tras darse a conocer esta información, ambas entidades comenzaron una búsqueda con alrededor de 100 agentes y, tras el reporte de un vecino, finalmente fue encontrado.

“Lo importante hoy es que no se acredita que existe una desaparición forzada”, enfatizó en su momento Hiram Almeida, secretario de Seguridad Pública. Almeida refirió que se abrió una investigación en la Dirección General de Asuntos Internos contra los cuatro policías que detuvieron al joven sin acatar el protocolo. Incluso algunos se fugaron.

“(Los policías) señalan que deciden bajarlo, no por petición de parte, sino a solicitud del muchacho y al no existir ante ellos la parte acusadora que corroborara propiamente la denuncia original... Por eso omiten presentarlo ante una autoridad y, efectivamente, ésa es una parte que acredita la violación a protocolos y a algunos temas de legalidad que tendrán en consecuencia la responsabilidad correspondiente”, afirmó aquella vez el Jefe de la Policía.

En distintos posicionamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNAM exigieron la presentación del joven.

En tanto, la Representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exigió a las autoridades de la CDMX que el caso del adolescente fuera investigado como desaparición forzada y no como secuestro.

PIDEN HACER JUSTICIA. La petición de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) pidió a la administración de Claudia Sheinbaum hacer justicia a Marco Antonio y a su familia.“La Administración de Miguel Ángel Mancera y otras altas autoridades capitalinas decidieron políticamente que no existió la detención arbitraria, tratando de minimizar el hecho arguyendo que se trataba de otro adolescente problemático”, alegaron.

Desde que apareció el joven golpeado en el Estado de México, organizaciones defensoras de la infancia y los derechos humanos documentaron judicialmente la negativa de autoridades sobre la agresión por parte de policías y funcionarios.

También apuntaron que se negaron a brindar información de su paradero, además de la intención de sustraerlo de la protección de la ley y no presentarlo ante la autoridad competente.

“Por tales actos de autoridad Marco Antonio y su familia fueron revictimizados mediáticamente, aparte de que se les ha privado de manera reiterada de sus derechos a la justicia y la verdad, negándoles siquiera una investigación seria y efectiva”, apuntaron en un comunicado.

“De acuerdo con dicha sentencia judicial, son responsables de la desaparición forzada del adolescente autoridades policiales, ministeriales y judiciales de la CDMX y el Estado de México, entre ellas los propios oficiales que lo detuvieron arbitrariamente y torturaron aquel 23 de enero”, agregaron.