El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), designó ayer a la polémica abogada chavista, Katherine Harrington, como vicefiscal, cargo clave en momentos en que la fiscal general, Luisa Ortega, enfrenta la posibilidad de ser destituida por dicha Corte.
Harrington fue juramentada por la Sala Plena del Supremo, que ayer inició el proceso contra Luisa Ortega, con ausencia de ésta, por supuestas faltas en el cargo.
Tras años de línea oficialista, la fiscal general se convirtió hace tres meses en una de las principales adversarias del presidente Nicolás Maduro y del TSJ, acusado por la oposición de ser manejado por el gobierno.
También llevó el caso del opositor Yendry Sánchez, detenido por interrumpir la alocución de Maduro durante su toma de posesión en 2013; imputó al presidente de la organización Un Mundo sin Mordaza, Juan Rodrigo Diamante, y ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) a que interceptara las líneas telefónicas de María Corina Machado.
Cuando Harrington fue sancionada por EU (que dispuso el congelamiento de bienes que pudiera tener en ese país y la prohibición de hacer negocios con ella), la fiscal general Luisa Ortega la defendió llamándola “valiente, abnegada y heroica”.
DESACATO. Antes de posesionar a Harrington, el TSJ invalidó la designación del vicefiscal Rafael González, efectuada por Ortega y ratificada el pasado lunes por el Parlamento, de amplia mayoría opositora.
La Corte argumentó que al encontrarse en “desacato”, el Legislativo no está habilitado para nombrar al vicefiscal, por lo que esa facultad recae en la Sala Constitucional del TSJ.
En tanto, el Supremo comenzó ayer el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general, que comunicó minutos antes que no asistiría a la diligencia, al no reconocer a esta Corte y no se presentó en la sala.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó ayer de inconstitucional cualquier consulta popular impulsada al margen del Poder Electoral del país, un día después de que la oposición comunicó la realización de un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien sobre la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el gobierno.
Maduro leyó varias disposiciones de la Constitución vigente para concluir que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es “el único poder que puede organizar” cualquier proceso de votaciones.
“Para uno convocar consultas públicas de carácter nacional refrendarias, tipo referéndum, amerita cumplir requisitos y mecanismos constitucionales y nadie puede pretender convocar consultas públicas que tengan carácter vinculante violando la Constitución, los derechos establecidos aquí, o por su cuenta, a lo loco”, agregó.
El presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, dijo que pedirá a la Cámara convoque a los venezolanos a un plebiscito el próximo 16 de julio para aprobar o rechazar el proceso constituyente impulsado por Maduro.
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