En los últimos lustros, la fortaleza relativa de las instituciones es lo que ha permitido que el país avance, a pesar del carácter depredador de las cúpulas gobernantes. Pero hay quienes no distinguen entre el primer aspecto de nuestra historia reciente y el segundo, y quieren tirar al niño junto con el agua sucia. Otros, simplemente, quieren una sustitución de cúpula, y que las instituciones no los molesten.

Una de las instituciones que más ha contribuido al avance del país ha sido el Instituto Nacional Electoral. Hemos pasado, a través de reformas sucesivas, de una situación en la que el gobierno controlaba totalmente elecciones inequitativas, a otra en la que un ejército de ciudadanos profesionalizados garantiza condiciones parejas y respeto a la decisión soberana de los electores.

De la eficacia del INE hablan los resultados. Por un lado, la utilización generalizada de la credencial de elector como identificación oficial; por el otro, que la alternancia política en el poder se ha convertido en algo normal en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Las reformas electorales no nacieron de la nada. Nacieron de una demanda social muy amplia, ante la persistencia de fraudes electorales y canchas disparejas en la disputa por los puestos de representación popular. Nacieron de la tensión entre quienes abogaban por una democracia auténtica y quienes pensaban que lo importante es quién está en el poder y, por lo tanto, que se puede vivir muy bien con un simulacro de democracia.

La existencia real de esas dos corrientes en tensión fue lo que propició la creación de un entramado muy complejo de reglas que, al tiempo que encarece los procesos electorales, tiene los suficientes candados para garantizar la neutralidad del árbitro. En otras palabras, el exceso de reglas es para defender a la democracia electoral de quienes quieren convertirla en mera simulación.

Entre esas reglas, está el proceso para la designación de los miembros del Consejo General del INE. Implica un amplio proceso de criba, un filtro para que se vayan quedando las personas más capaces, la creación de un comité técnico con personajes designados por otras instituciones de la sociedad mexicana para elegir finalistas y la obligación de parte de los legisladores de llegar a un acuerdo, porque de otra manera los consejeros serán designados por sorteo entre quienes llegaron a la fase final.

El mecanismo está hecho para evitar, o cuando menos limitar severamente, la llegada de personajes no idóneos y también para propiciar el consenso entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso. De hecho, casi siempre los consejeros del Instituto (primero IFE, ahora INE) han sido elegidos por consenso de todos los partidos. La excepción, 2003, cuando el PRD se retiró de las negociaciones.

Esa excepción, a toro pasado, nos permite ver la importancia de que haya consenso, sin exclusiones. Como aquel consejo no tenía el visto bueno del PRD, fue más fácil para su candidato impugnar los resultados del 2006.

La elección de cuatro nuevos consejeros esta vez está marcada por una polarización creciente de la vida política nacional. Una parte de ella, marcada en primer lugar por las críticas del presidente López Obrador al amplio presupuesto del INE y a las percepciones de los consejeros. Estas críticas han llevado a los grupos más fanáticos del lopezobradorismo a hacer varios intentos de defenestración de quienes consideran non gratos y a imaginar que un Instituto con personajes afines a la cabeza puede ayudar a la continuidad de la 4T.

Se dicen demócratas, pero su concepción es que la democracia no está en la forma en la que se toman las decisiones, sino en si esas decisiones supuestamente benefician o no a las mayorías. “La democracia está en el programa”, es la vieja frase que resuena en el fondo de sus alegatos. Por eso son capaces de decir tonterías como que, en las elecciones de 2018, en las que su candidato arrasó, hubo fraude porque habría ganado todavía por más, o que sólo hay de dos sopas: los consejeros sirven al gobierno del pueblo o a la mafia del poder.

Para desgracia de ellos, el comité técnico encargado de definir los finalistas, trabajó con otra lógica: la de buscar escoger los mejores. Y entre ellos, abundan los perfiles neutrales y escasean los simpatizantes abiertos del gobierno. 17 de los 20 miembros de las quintetas tuvieron unanimidad. Allí donde no la hubo, la voz disidente fue John Ackerman.

Un grupo de diputados morenistas, de la facción que considera que su movimiento debe perpetuarse a como dé lugar, protestó y pidió que el procedimiento se reponga, por la simple razón de que no le convino atenerse a él.

La clave de su argumento es que “fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral”.

El párrafo lo dice todo: en un mundo en el que “quien no está conmigo está contra mí”, fuerzas extrañas insertaron a aspirantes que no están conmigo (es decir, están contra mí), y anulan la posibilidad de que el órgano electoral sea afín al partido en el gobierno.

Por supuesto, la intentona es la de reventar el proceso, porque para esa facción es preferible generar una crisis política que arriesgar la posibilidad de una derrota electoral en 2021. Para decirlo en palabras de Porfirio Muñoz Ledo: es traicionar la causa de la autonomía del árbitro electoral y traicionar a la democracia.

Afortunadamente, los procesos son parte de la institucionalidad ganada a través de los años. No hay manera de reponer el proceso sin violar la ley. Y por mucho que presionen al coordinador de la bancada de Morena, acusándolo de blandengue, no tiene para dónde hacerse. Si los nuevos consejeros no se deciden en San Lázaro, lo harán en la Suprema Corte, por insaculación.

Lo que debe suceder es que, de las quintetas ya definidas, se busque el consenso de todos los partidos, y no el agandalle. De esa forma no se repetirán suspicacias como la que generó la designación del IFE en 2003, que tanto han costado. El INE autónomo e independiente es el tipo de instituciones que debe prevalecer en momentos como el que vive México, Es necesaria para que la convivencia política no se desmorone.

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