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A casi un mes del sismo del 19 de septiembre, los trámites burocráticos han impedido que vecinos del edificio 3010 de Avenida Canal de Miramontes, en la colonia Girasoles II, logren recuperar sus pertenencias.
Susana Gutiérrez explicó a Crónica que en su departamento —del que es propietaria— aún hay muebles, objetos de valor y recuerdos de su familia.
En el albergue que instalaron frente a su edificio, la señora lamentó que en estas circunstancias las autoridades hayan catalogado su unidad habitacional como “media alta”.
Aseguró que esto imposibilita tener acceso a sistemas de apoyo como el otorgado en el pueblo de Santa Rosa Xochiac o San Gregorio Atlapulco, donde ya ha comenzado la reconstrucción de casas antisísmicas.
En este sentido, los vecinos explicaron que las autoridades, tanto locales como delegacionales, “condicionan” mucho la ayuda y no existe un panorama claro sobre qué seguirá con su patrimonio: “Fonden especifica que para tener la ayuda debes tener un predio no mayor a 55 metros cuadrados, el nuestro es de 75; el Invi determina que la edad máxima para poder pedir préstamo es de 75 años y aquí hay muchos adultos mayores y pensionados”, aseguró Gutiérrez.
Remedios Alva es otra vecina que resultó afectada y coincide sobre la necesidad de retirar sus pertenencias, pues “toda nuestra vida está ahí adentro, fotos con miles de recuerdos, objetos de trabajo, libros de estudio y papeles legales”.
En este conjunto de torres habitaban 24 familias, quienes han tenido que buscar dónde vivir con familiares, amigos o conocidos tras 27 días del movimiento telúrico de magnitud 7.1.
En el “albergue ciudadano” del 3010 se observan víveres, agua embotellada, latas de comida, cobijas, objetos de limpieza, de aseo personal y algunas mesas que han servido para discutir las necesidades de los vecinos.
Los afectados agradecieron el apoyo de los capitalinos “que no ha parado” desde que pasó la catástrofe, incluso refirieron que restaurantes de la zona y un supermercado (frente a los edificios dañados) han ofrecido comida preparada y espacio para estacionar sus carros por 4 pesos durante todo el día.
La zona acordonada de edificios afectados conforma los predios 2990, 2988, 3004, 3032, 3040, 3020 de Canal de Miramontes, donde a excepción del 3010, algunos dueños ya han podido acceder a retirar muebles, ropa, objetos de valor y papeles legales.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), advirtió que es importante que no sólo las personas habitantes del inmueble con daño estructural que será demolido sean informadas de ello, sino también aquellas que habitan en predios colindantes.
A través de un comunicado informó que solicitó a las Secretarías de Gobierno, de Protección Civil, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Obras y Servicios, al Instituto para la Seguridad de las Construcciones y a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México, así como a delegaciones políticas, “que garanticen que a las personas propietarias y poseedoras de los inmuebles que se dictaminen susceptibles de demolición, así como a aquellas que habitan en predios colindantes, se les informe de manera clara y detallada —utilizando un lenguaje sencillo— el procedimiento que se implementará para realizar dichos trabajos; la protección que se efectuará a las colindancias, y los posibles riesgos que se generen en la ejecución de los mismos, incluyendo las medidas de seguridad que, con independencia de las que implemente la autoridad, pueden tomar las personas mencionadas”.
Por último, pidió que se proporcione al Servicio Público de Localización telefónica “LOCATEL”, el procedimiento para que las personas puedan ser integradas al programa de demolición e información adicional que aclare sus dudas, y contar con medidas adecuadas de difusión de información para personas con alguna discapacidad visual o auditiva.
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