Cuando en 2015 se aprobaron reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y cuando en 2016 se aprobaron las leyes reglamentarias, le vi varias áreas de oportunidad que, supuse, erróneamente, el Congreso de la Unión y/o el constituyente permanente irían atendiendo con motivo de la aplicación fáctica de las nuevas normas, la puesta en operación de las nuevas instituciones y el despliegue cotidiano de los procedimientos recién creados.

Al día de hoy no se le ha movido ni una coma a los temas sustantivos ni se han colmado algunas lagunas constitucionales y legales a pesar de que encarnan omisiones superlativas, por lo que propongo tres acciones inmediatas a cargo del nuevo gobierno.

Primero, nombrar a la brevedad a la persona titular de la fiscalía anticorrupción para producir la entrada en vigor de las reformas al código penal federal de julio de 2016 en esa materia.

Segundo, retomar temas que pudimos ver en las iniciativas presentadas por diversas fuerzas políticas durante los debates parlamentarios. Recuerdo muy bien varias del PRD en las que se proponía incorporar a la Constitución y a la ley los mecanismos de protección de los denunciantes de actos antijurídicos para evitar represalias de los denunciados. Esa oquedad normativa genera incentivos para guardar silencio frente a conductas irregulares, sobre todo de superiores jerárquicos.

Tercero, escuchar las propuestas fundamentales que presentaron especialistas en la materia en la conferencia Estado de Derecho y Corrupción, organizada por el Colegio Nacional hace unos días.

Destaco las de la doctora en Derecho María de la Luz Mijangos, que ya fue contadora mayor de Hacienda de la ­CDMX y que además conoce bien la función electoral. Afirmó que el SNA requiere algunos ajustes, como incorporarle a su órgano rector mayores alcances en materia de intercambio de información relevante para un mejor ­desempeño de su misión y habló en particular de los órganos electorales.

A pregunta expresa sobre si estaba pensando en incorporar al órgano rector del sistema al INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral, respondió que no, diciendo que no proponía hacer crecer el órgano, sino que el INE y la FEPADE tuvieran mandato legal expreso de cooperar con el SNA.

Se refirió en particular al padrón de proveedores de los partidos; y a partir de esa primera aclaración yo creo que también sería interesante que las bases de datos de la fiscalización y las sanciones derivadas estuvieran disponibles, pues en esa área se podrían detectar más nítidamente las relaciones “de negocios” que se establecen entre el proveedor de campaña y el candidato o candidata, que luego por falta de supervisión adecuada de autoridad competente, se podrían transformar en relaciones “político-económicas” entre el funcionario electo y el empresario respectivo.

Es decir, al cerrar esa brecha se reducirían sensiblemente los riesgos de corrupción en materia de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública, por el hecho de hacer evidente, público y notorio el conflicto de interés que se produciría en esta hipótesis. Tiene razón y deberíamos escucharla.

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