Uno de los documentos legales más importantes para la operación de la Guardia Nacional es la Ley Nacional sobre uso de la Fuerza y parte de su redacción está basada en estudios de una férrea crítica de Andrés Manuel López Obrador cuando gobernó la Ciudad de México, y catedrática de las Universidades de Harvard, Cambridge y Oxford, la intelectualidad que más denosta el ahora presidente de la República.

Se llama Diane E. Davis, titular de la cátedra Charles Dyer Norton de Planificación Regional y Urbanismo de Harvard y entre sus destacados documentos hay uno que describe los intereses ocultos en la contratación que hizo Andrés Manuel López Obrador, como jefe de gobierno de la otrora Ciudad de México del exalcalde de Nueva York, Rudolph Guiliani en 2002.

Fue contratado para aplicar el modelo “Cero Tolerancia” que fracasó por exceso de fuerza, atentados a la libertad y derechos humanos, pero sobre todo, documenta ella, por convertirse en un negocio inmobiliario de los funcionarios en turno. López Obrador como jefe de Gobierno y Marcelo Ebrard como secretario de Seguridad Pública.

En su análisis “El factor Giuliani: delincuencia, la ‘cero tolerancia’ en el trabajo policiaco y la transformación de la esfera pública en el centro de la ciudad de México“, Davis  plantea que los principales opositores al plan “Cero tolerancia” o “ventanas rotas” fueron los propios policías de la ciudad de México, los defensores de derechos humanos y el medio periodístico, primero por el pago de 4.3 millones de dólares provenientes de la iniciativa privada y segundo porque se centraba en dar beneficios a Carlos Slim en el centro de la ciudad.

Pero el entusiasmo que aquel proyecto generó se ubicó en la dinámica del desarrollo inmobiliario y bienes raíces en el centro de la ciudad, y la colusión entre los funcionarios electos y las compañías de desarrollo inmobiliario privadas con respecto al uso del suelo en nombre de una política de seguridad, asegura.

“Lo más importante —escribe— es que hay documentos que aportan evidencia irrefutable con respecto a la colusión entre los sectores público y privado por el uso del suelo en el centro de la ciudad, el uso restringido del espacio público, los objetivos de desarrollo económico y urbano por parte de la administración de López Obrador”.

Diane Davis ha recibido reconocimientos diversos en la Ciudad de México, ha sido jurado en concursos y contratada en diversos proyectos de desarrollo urbano en los años recientes, pero hoy quizá ni ella misma sepa que sus argumentos forman parte de la propuesta de Ley de Uso de la fuerza que revisan los senadores.

En la página 7 del texto se menciona: “se coincide en lo sostenido por Davis sobre la potestad del Estado para exigir el cumplimiento de la ley, aún en contra de la voluntad del gobernado, misma que va encaminada a crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de manera unilateral”..

Luego entonces, argumenta el texto, “se puede señalar que el poder del estado requiere de la coacción física legítima para hacerse obedecer a fin de dar eficacia a las disposiciones, siempre cuidando el respeto a los derechos humanos”.

Resulta extraño que en una ley de la Guardia Nacional sea referida una planificadora urbana, de Harvard y crítica de AMLO, que lejos de sustentar asuntos de desarrollo social o soluciones multifactoriales, se cite para reforzar el uso de la fuerza.

La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores y la correspondiente de Diputados, aseguran que ahí no se hizo la redacción del documento. ¿Entonces?

Ethel Riquelme