CARLOS JIMÉNEZ GARAY,PRESIDENTE DE LA CANIETI:

Para lograr la libre determinación de las tarifas del servicio de acceso indirecto al bucle local del país, hace un par de semanas el Instituto Federal de Telecomunicaciones sometió a consulta pública los criterios y umbrales de los parámetros que determinan la libertad tarifaria del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones en diversas zonas geográficas del país.

Era urgente que la autoridad federal tomara cartas en este asunto, porque ni en el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones se habría comprendido la figura legal del Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones porque, de un lado, la ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión habla de participación nacional pero jamás considera una posible fragmentación de la figura en función de zonas geográficas, ni alude a la participación directa o indirecta de Telmex y de Telcel, que se mantienen relacionadas pero operan funcionalmente separadas y la preponderncia de una implica la de la otra.

De acuerdo con el documento de la Unidad de Inteligencia Competitiva que circuló bajo el título de Minimizando la Preponderancia, “el Agente Económico Preponderante sigue acaparando el 56.6 por ciento de los ingresos de todo el sector telecomunicaciones a nivel nacional durante 2020; 54.4 por ciento de las líneas fijas, 61.7 por ciento de las líneas móviles y 44.8 por ciento de los accesos de banda fija. Es inexplicable que ante la ineficacia de las medidas asimétricas, el IFT se atreva a proponer ir en dirección totalmente contraria al aseguramiento de la competencia económica en los mercados de telecomunicaciones en beneficio de la consulta.

“Que el mismo IFT y ‘analistas’ crean que esta regulación es necesaria y eficiente solo por la existencia de más competencia o mayor penetración de servicios de banda ancha en ciertos municipios de banda ancha del país, es no tener noción alguna sobre cómo funcionan los mercados de telecomunicaciones y realizar análisis simplistas y desinformados sobre el sector.

“Adicionalmente, que el IFT siente las bases para una posible violación a modo de la Constitución y la LFTyR no abona en la discusión pública de la potencial absorción de sus funciones por parte de alguna secretaría del Ejecutivo Federal.”

La consulta, iniciada en 16 de marzo, incluye 65 municicpios del paìs que concentran nueve millones de accesos a banda ancha y 28 por ciento de los hogares a nivel nacional. Hasta ahì todo suena muy bien.

La pregunta es si solo es una simulación para, en el fondo, otorgar a América Móvil la libertad tarifaria, así como aligarar la regulación impuesgta por la reforma constitucional en la materia correspondiente a 2013 y la ley secundaria de 2014.

Veremos…

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