Todos fuimos testigos aquel 30 de enero del 2017, de aquella última sesión de la Asamblea Constituyente, en donde aprobamos la primera Constitución de la Ciudad de México y a partir de ahí, los comentarios vertidos por todos los partidos políticos se desbordaron para enaltecer el histórico texto jurídico, mismo que, los ahí presentes, imaginamos que regiría la vida de los capitalinos, pero, al paso del tiempo, nos estamos dando cuenta de que eso no se ha concretado al cien por ciento.

En aquella ocasión, recuerdo que tanto constituyentes como especialistas aseguraron que la Constitución de la Ciudad de México “era de izquierda y mucho más garantista que la Carta Magna federal” pero que, a su vez, no la contradecía en ningún momento por lo que, incluso, observadores internacionales habían hecho diversos reconocimientos al contenido que, en el fondo, establece el respeto a los derechos y a las libertades, pero también exige deberes y rendición de cuentas.

A dos años, y de acuerdo con la realidad, pareciera que todos esos halagos se fueron a la basura pues hasta el momento, algunos partidos políticos le han puesto trabas al espíritu constitucional, concretamente desde el primer Congreso de la Ciudad de México, en donde una mayoría aplastante ha frenado todo intento por nutrir a la Constitución de sus leyes secundarias, y así poder gozar de sus beneficios jurídicos, y para lo que fue hecha.

Más aún, el Congreso de esta ciudad que cuenta con una mayoría aplastante de Morena, hasta el momento, tiene treinta y tres iniciativas pendientes entorno a la Constitución capitalina lo que representa un dañino rezago legislativo en perjuicio de los capitalinos pues en lo único que han trabajado referente a la Constitución es para ampliar fechas límite del funcionamiento de nuevas figuras creadas a partir de leyes constitucionales.

Otros ejemplos se derivan de la reforma que ya fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que modifica los artículos transitorios que amplían el límite de tiempo para la operación de la Fiscalía General, del Consejo Judicial Ciudadano y de la Sala Constitucional.

Ante ello, es lamentable que estas figuras constitucionales, que además son demandas ciudadanas, no hayan tenido la misma prioridad que le dieron en esta Legislatura del Congreso local a la iniciativa, si es que así se le puede llamar a la presentada por la diputada María de Lourdes Paz, de vender cerveza al tiempo, por lo que están dejando un mal precedente legislativo.

Lo peor, radica en la omisión de algunos legisladores, pues cuando todos toman protesta, se comprometen guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan y, con todo respeto, esta Primera Legislatura creo que no ha cumplido, pues de lo contrario, las iniciativas de ley que debieran priorizar serían justamente las leyes que emanan de la primera Constitución capitalina que costó décadas de lucha, compromiso y lealtad a nuestros principios.

Mucho se ha avanzado, es verdad, en estas treinta y tres iniciativas pendientes, pues de ellas, dieciocho ya cuentan con un dictamen elaborado y las quince restantes ya están en comisiones unidas, pero para efectos prácticos, este proceso parlamentario no está contribuyendo a un adecuado funcionamiento constitucional que nos garantice un mejor medio ambiente, más y mejor participación ciudadana, seguridad pública, un abasto normal de agua potable, derechos a los pueblos y barrios originarios y sobre todo, un mayor acceso a la justicia.

Ante ello, es necesario un periodo extraordinario legislativo ya que, en este mes­ cierran trabajos parlamentarios como si no hubiera pendientes por sacar o compromisos que cumplir, y por lo menos, los referentes a nuestra Constitución deberían ser prioridad por el bienestar de todas y todos los que habitamos esta gran ciudad capital.

Twitter: @julioc_moreno