Los partidos y la ruta del dinero

Ante la magnitud del desastre ocasionado por los temblores de septiembre, los partidos políticos nacionales, al tanto de su creciente impopularidad, comenzaron una suerte de subasta para dirimir quién daba más dinero del asignado en sus  prerrogativas para las tareas de ayuda  a los damnificados. La subasta fue subiendo hasta llegar al 100 por ciento. O sea cambios de fondo al sistema de competencia a partir de decisiones tomadas sobre las rodillas, ante el imperativo de la emergencia.

Se trata de una oferta lucidora. La gente está insatisfecha con el desempeño de los partidos y justo en el arrancadero de las campañas rumbo al 2018 los partidos se dicen dispuestos a sacrificarse y quedarse sin un quinto del financiamiento público. ¿Con qué pagarán los gastos de proselitismo? Con aportaciones de sus simpatizantes. Esto prendió todos los focos de alerta porque el financiamiento público tiene fundamentos que van más allá de la ­coyuntura sísmica.

En México como en muchos otros países existe un amplio debate sobre el papel del dinero en la política, y las repetidas preguntas de: ¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto habrá que subsidiarla con recursos públicos en general, tanto a los partidos como a los candidatos en particular? ¿Deben limitarse las fuentes de ingresos de los partidos y candidatos? ¿Cuánto y de quiénes? ¿Deben limitarse los gastos de campaña, desde cuándo, cuánto y cómo? Por último, ¿cómo se puede regular y monitorear el origen y aplicación de estos recursos de manera eficiente?

La decisión de que exista un presupuesto especial para los partidos políticos, llamado prerrogativas, habrá que recordar que ha sido resultado de la intención de transparentar las elecciones y darles iguales oportunidades a todos los partidos políticos en elecciones cada vez más competitivas y en un sistema electoral cada vez más plural y consolidado. Dos aspectos fundamentales para entender este proceso fueron la creación de un organismo electoral autónomo, como el Instituto Federal Electoral (IFE), ahora llamado INE, y el financiamiento público a los partidos políticos

Inicialmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y ahora la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establecen el mecanismo y fórmulas para determinar el monto del financiamiento a los partidos políticos. dividiéndolo en tres categorías: actividades ordinarias permanentes; gastos de campaña y actividades específicas. En el año 2015 el financiamiento total asignado fue de más de cinco mil millones de pesos.

Emilio Chuayffet Chemor,  fundador y primer director del IFE, quien ha sido un estudioso de la dinámica electoral, sostuvo que la cuestión del financiamiento está en el núcleo de la normatividad sobre los partidos en el mundo. Y es que pocos asuntos son más importantes en el ámbito electoral que el tema del dinero, de dónde viene y adónde aplica. El financiamiento es uno de los grandes temas de la democracia. Chuayffet afirma que el encarecimiento progresivo de la democracia, la influencia política de los donantes y los recurrentes escándalos de corrupción, incluso en los sistemas más consolidados, ponen de manifiesto la necesidad de tener una revisión permanente de las normas relativas al dinero en los comicios.

En México el debate serio sobre el tema es relativamente nuevo. Siguiendo los planteamientos del mexiquense, fue con las reformas al código electoral del 93 que se  incluyeron las obligaciones de los partidos de dar cuenta rigurosa de los ingresos y de los gastos. En el año 96 se tomó una decisión toral: que en México el financiamiento público prevaleciera sobre el privado. Todo mundo sabía que la causa de esta decisión era el afán de proteger a la competencia electoral de la intromisión de bandas del crimen organizado dedicadas sobre todo al narcotráfico. La idea fue, sigue siendo, evitar que el dinero sucio decida la formación de gobiernos.

El financiamiento privado quedó sujeto a una serie de limitaciones para evitar sospechas de su procedencia. En las conclusiones de su texto, Chuayffet señala, y vale la pena recuperarlo:  el tema del financiamiento entraña muchos riesgos para la democracia en cualquier parte del mundo. Se vertebran dinero y poder que no hacen la más feliz de las combinaciones.

Hay que impedir que el dinero decida quién merece ejercer el poder; es deseable que los partidos transparenten públicamente el uso de los recursos y que el costo de la democracia corresponda a la eficiencia del Estado.

La cara fea

Durante las tareas rescate y remoción de escombros atestiguamos cientos de episodios que muestran lo mejor de nuestra sociedad, su valor, solidaridad y espíritu de sacrificio. Ya en su momento, de manera por demás justa, se ha reconocido a todos esos mexicanos que se esmeraron por ayudar a sus semejantes en un momento de apuro. Conforme pasan los días —pronto se cumplirá un mes del gran sismo del 19 de septiembre— emergen de los escombros algunas otras causas de la tragedia, especialmente en la Ciudad de México, donde la combinación de la fuerza de la naturaleza, con omisiones, negligencia o franca corrupción en la construcción ocasionaron cientos de víctimas fatales.

Hubo, por parte de las autoridades delegacionales y del Gobierno capitalino, precipitación y mala ejecución que dieron como resultados fiascos enormes, como ese de los miles de personas que de manera abusiva cobraron cheques de ayuda sin ser acreedores. Ahí están los ejemplos de los centros de acopio, inicialmente muy eficientes y que pocos días después operan a la buena de Dios, algunos abandonados y otros que son escenario de robos a hurtadillas, de comportamientos reprochables de gente que supone que los voluntarios son sus empleados o algo parecido.

Hace unas horas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un estudio en el que, sin aventurar conclusiones definitivas sobre las causas de los derrumbes provocados por los sismos, se investigan graves fallas como: omisión, negligencia, corrupción y falta recurrente de la aplicación de la ley, que no sólo afectaron patrimonios sino también vidas. Hay que cuestionar y encontrar las respuestas de cuántos derrumbes fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiese actuado con responsabilidad y conciencia.

Si se hubiese aplicado con rigor la normatividad existente en la ciudad para la construcción, habríamos obtenido un resultado diferente. Es evidente la necesidad de revisar y en su caso modificar los reglamentos de obras y construcciones, no sólo en la Ciudad de México sino en todo el país. Hay constancia y habrá que reconocer que existen avances relevantes en materia de protección civil desde el sismo del 85, pero la cultura de la prevención se ha ido rezagando.

Es evidente, y más vale que todos lo asumamos, que la Ciudad de México y buena parte del territorio nacional serán presa de los sismos hasta el fin de los tiempos. Hay certeza de eso. Por tal motivo es necesario asumir una actitud de alerta constante pues el riesgo es evidente. Los temblores se repetirán, no hay que repetir los errores que nos llevaron a la tragedia.

El IFE, los primeros años.