El pasado 30 julio de 2019, en sesión extraordinaria, las y los diputados que integramos el Congreso de la Ciudad de México aprobamos diversas reformas al Código Penal capitalino, con el objetivo de reclasificar el feminicidio y que éste fuera sancionado con 35 a 70 años de prisión.

Si bien es cierto, que éste fue un gran avance en materia de castigar dicho delito, es importante mencionar que el feminicidio sigue incrementándose. De acuerdo con el informe de Índice GLAC—El Financiero—, en los períodos comprendidos entre los meses de enero y octubre de los últimos cuatro años, el feminicidio se incrementó 111 por ciento y su evolución histórica ha registrado un crecimiento constante. Entre enero y octubre del 2019 la incidencia de feminicidios en México continuó en aumento, ya que se registró una tasa de 1.25, equivalente a 809 feminicidios totales, cifra que de continuar la misma tendencia, cerrará el año con valores superiores a 2018. Del mismo modo, cabe agregar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que seis de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado algún incidente violento durante su vida y refiere que el feminicidio es sólo la representación más extrema de esta violencia.

Como se puede apreciar, el feminicidio es una de las principales problemáticas en México, y a pesar de los esfuerzos de prevención y concientización implementados por los gobiernos federal y estatales, así como integrantes de organizaciones no gubernamentales, continúa en aumento.

En este sentido, es importante señalar que la violencia contra las mujeres evidencia un problema social más profundo, los feminicidios no se cometen aisladamente o por individuos particularmente enajenados, sino que es parte de una violencia estructural que mantiene y reproduce la violencia y discriminación contra las mujeres. Es decir, es sistemática porque es integral y permanente; es estructural porque se encuentra arraigada en todos los ámbitos sociales, políticos e institucionales.

Derivado de lo anterior, es importante revisar continuamente la legislación en la materia, con el objetivo de buscar sanciones que inhiban totalmente la violencia contra las mujeres. Es por tal motivo, que acabo de presentar una iniciativa para incrementar sustancialmente las penas para quienes cometan feminicidio.

Debemos recordar que la violencia contra la mujeres no sólo daña a quien se dirige, sino a una sociedad en general, y más cuando la consecuencia de ésta es la privación de la vida. La muerte violenta de las mujeres por razones de genero constituye la forma más extrema de violencia contra la mujer, es por tal motivo que estos delitos merecen contar con una pena máxima de castigo pues constituyen una violación flagrante contra los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y sexual, y el derecho a la libertad personal.

*Vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso y Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente