Las declaraciones de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval, sobre las denuncias que involucran a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo de la Presidencia de la República y jefe de los llamados superdelegados estatales y de los Siervos de la Nación, por uso político y partidista de los programas sociales del gobierno federal, llegaron a través de una queja electoral del PRD ante el INE y hasta el momento, a pesar de que existe una sentencia del TEPJF, se sigue protegiendo a los responsables, acusó el asesor de la Dirección Nacional del PRD, Rafael Hernández Estrada, en entrevista con Crónica.

El exdiputado federal y exrepresentante ante el Consejo General del INE y quien elaboró la queja con la que en agosto pasado se dio apertura a la investigación contra el jefe de superdelegados del presidente Andrés Manuel López Obrador, indicó que la titular de la Función Pública refirió que la investigación contra Gabriel García Hernández surgió por denuncias que llegaron a la dependencia, pero la realidad es que fue por la vía de la queja electoral.

“Tras una investigación completa que desahogó la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, ésta fue turnada a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal que emitió su sentencia el 27 de diciembre del 2019 mediante el expediente SRE-PSC-0071/2019.

En el dictamen se concluye que las operaciones de los Servidores de la Nación violaron el artículo 134 de la Constitución porque se incurrió en el uso indebido de recursos públicos con elementos de promoción personalizada, a la vez que se demostró el desacato a las medidas cautelares del INE y la existencia de una estructura nacional. También encontró que se desacataron medidas cautelares del INE en agosto pasado y señala en la responsabilidad por estas conductas a 19 delegados estatales, a 12 subdelegados regionales y a siete Siervos de la Nación”.

En el mismo tenor, el perredista señaló que a pesar de que la sala regional del TEPJF encontró esas irregularidades, “lamentablemente no se señala a los principales responsables que son el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador), la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y el coordinador de los superdelegados, Gabriel García Hernández, y es por ello que se presentó un recurso de revisión mediante el expediente SUP-REP-02/2020 y que la sala superior del tribunal tendrá que resolver”.

—¿En qué está fallado la SFP para aplicar las sanciones, si ya existe una sentencia?.

—“La queja del PRD se presentó el 8 de agosto del año pasado. El INE, a través de su comisión de quejas, dictó medidas cautelares y el día 16 turnó copias a la Secretaría de la Función Pública. El TEPJF, el 27 de diciembre, emitió su sentencia y la SFP está obligada a sancionar a los funcionarios señalados. Lo que quedaría pendiente sería la responsabilidad de los altos mandos de esa estructura que son el Presidente de la República, la titular del Bienestar y el coordinador de los superdelegados”.

Sin desviar su denuncia sobre el proceso que lleva la investigación sobre el uso de programas sociales en beneficio de Morena, señaló que: “La titular de Función Pública ya está enterada de la denuncia y debería actuar con una indagatoria por cuenta propia y al parecer no lo ha hecho, y lo adjudico a una actuación interesada de protección de los miembros del gabinete del propio Presidente y del cual ella forma parte”.

—¿Considera que esta supuesta protección está frenando el cumplimiento de posibles sanciones?

—“Estoy convencido de que así es y la Secretaria de la Función Pública debe aplicar la ley de responsabilidades, debe aplicar las sanciones que arrojen sus propias investigaciones y las sanciones a las que está obligada por la sentencia de la sala regional especializada del TEPJF. Si no lo ha hecho es por una actitud cómplice de la Secretaria con estos integrantes de la burocracia federal”.

Finalmente, Hernández Estrada subrayó que “si la titular de la Función Pública no cumple con lo establecido por la ley debería ser sancionada por su jefe, que en este caso es el Presidente de la República, pero parece que aquí hay una organización de complicidades, por lo que al no haber ninguna sanción habría que recurrir a otras instancias como El TEPJF, a la Auditoria Superior de la Federación y en su caso a la Cámara de Diputados, para que se reclamen las responsabilidades al más alto nivel”.